El colapso judicial provocado en Alzira por la huelga tardará un año en aliviarse

Los letrados de la Administración de Justicia que asisten los ocho juzgados de Alzira -siete de instrucción más el de violencia de género- regresaron ayer a sus puestos con la jornada convencional tras el acuerdo firmado el martes en Madrid para levantar la huelga, aunque estiman que en este partido judicial en el que el seguimiento de la protesta ha sido máximo no se recuperará la situación anterior hasta al menos dentro de un año. A la carga de trabajo que hay acumulada tras más de dos meses con servicios mínimos en unos juzgados ya de por sí saturados, hay que añadir la escasez de salas de vistas que obliga a los magistrados a compartirlas, lo que supone un obstáculo a la hora de realizar señalamientos, incluso en el caso de que el ministerio asignara jueces de refuerzo para aliviar el atasco.

La huelga de los secretarios judiciales ha dejado 1.837 demandas pendientes de registro y reparto en los juzgados de instrucción de Alzira que, según explica el letrado del número 4, Antonio Jiménez, representan el trabajo anual de cuatro juzgados en base a las cargas de trabajo teóricas que asignan un máximo de 450 procedimientos a un juzgado mixto, aunque la real es bastante más alta, señala, pero también ha provocado la suspensión de 264 juicios civiles, 151 penales, de 554 declaraciones de carácter penal, 71 lanzamientos o 64 videoconferencias. Los juicios suspendidos se tendrán que volver a señalar y el Colegio de Abogados de Alzira ya mostró su temor a que se pueda duplicar la demora, que en alguna sala era ya de un año. Jiménez apuntó que, como pronto, estos nuevos señalamientos se fijarán para finales de año.

Dos salas de vistas para cuatro juzgados en cada edificio

Una presumible avalancha de señalamientos choca con la escasez de salas de vistas ya que cada una de las dos sedes que hay en Alzira, la de la calle Ronda de Algemesí y la de la plaza del Sufragio, cuenta con sólo dos para cuatro órganos judiciales. La conselleria había alquilado unos bajos en la avenida Santos Patronos para habilitar nuevos espacios a la espera del anhelado Palacio de Justicia, aunque la reforma no está acabada.

Las demandas paralizadas corresponden a la carga teórica que deberían asumir cuatro juzgados durante todo un año

Según los datos de los letrados de la Administración de Justicia, además de las 1.837 demandas pendientes de registro y reparto, se encuentran en esta misma situación 769 atestados y denuncias mientras que hay 5.000 escritos pendientes de trámite. Por otra parte, durante la huelga también se han acumulado 4,2 millones de euros inmovilizados en las cuentas de los juzgados. Jiménez considera que no se recuperará la normalidad hasta 2024.

Este colectivo profesional firmó el martes con los representantes de los ministerios de Hacienda y Justicia un acuerdo para desconvocar la huelga que, en palabras del propio Jiménez, resulta «agridulce» ya que las mejoras conseguidas se encuentran muy por debajo de acuerdos previos que, según denuncia, el ministerio ha incumplido. 

La huelga que los letrados de la Administración de Justicia de toda España iniciaron el 24 de enero planteaba entre sus reivindicaciones una adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades que se les asignan desde hace años para descargar de trabajo a los jueces, la reforma de su reglamento orgánico o que se reconociera a sus asociaciones profesionales como sindicato para tener voz en las negociaciones que les afectan directamente.

Antonio Jiménez explicó que el acuerdo por el que se levanta la huelga prevé la creación de un grupo de trabajo para analizar la incidencia que ésta ha tenido y la situación de los juzgados con una mayor carga de trabajo y, por otra parte, apuntó que correspondería a la Generalitat el refuerzo a través de tramitadores, gestores y auxiliares judiciales para agilizar la vuelta a la normalidad. El Colegio de Abogados había reclamado un plan de choque para evitar «el caos judicial» que auguraban con la huelga.