Los alcaldes de la Ribera despiden el mandato con el mayor volumen de facturas por pagar en los cajones

Casi cuatro millones de euros. Es el montante correspondiente a las facturas «guardadas en el cajón» por los ayuntamientos de la Ribera al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2022, último dato recogido por el Ministerio de Hacienda. Se trata del valor más elevado en la legislatura, si bien el número de consistorios que incurrió en esta práctica se redujo con respecto al año anterior.

Se conoce popularmente como «facturas en el cajón» aquellos pagos que las administraciones públicas realizan fuera de las previsiones de gasto aprobadas para un ejercicio determinado, de modo que quedan «ocultas» sin que suponga un déficit para las cuentas presupuestarias. Si bien es cierto que se ha vinculado históricamente a malas prácticas económicas ya que, en apariencia, los consistorios parecían saneados, también lo es que el endurecimiento legislativo en aras de una mayor transparencia ha generado mayores mecanismos de control. En la actualidad, estos desajustes se producen, en muchas ocasiones, por gastos imprevistos.

Al cierre del cuarto trimestre, el Ministerio de Hacienda reconocía gastos fuera del presupuesto en los ayuntamientos de la Ribera por un montante de 3,9 millones de euros. Una cifra que ha aumentado un 75 % con respecto a la liquidación del ejercicio 2021, cuando eran 2,2. Con todo, entonces eran veinte consistorios los que poseían facturas en los cajones mientras que en el último informe publicado figuran quince, cinco menos. Los indicadores han variado año a año y no hay una tendencia clara. La liquidación de 2018 dio el menor valor con 2 millones, mientras que un año después fueron también 3,9. Descendió, sin embargo, los dos ejercicios siguientes, hasta los 3,6 en el 2020 y los 2,2 en el 21.

Por debajo de los cien mil

De los casi cuatro millones guardados en cajones en el último trimestre de 2022, casi una tercera parte pertenecen a dos de los ayuntamientos más grandes de la Ribera. Por un lado, 1,8 millones a Carcaixent, y por otro, uno al de Alzira. Son, con diferencia, las administraciones que han declarado más gasto fuera de sus presupuestos en la comarca. De hecho, la siguiente cuantía más elevada son los 217.686 euros del Ayuntamiento de Castelló. Valores cercanos a los registrados por el consistorio de Benifaió (186.893 euros) o el de Sueca (181.649). El otro que superaba la barrera de los cien mil, aunque por poco, fue el de la Pobla Llarga (101.570).

El resto de ayuntamientos que figuran en el informe ministerial lo hacen por pagos cuyo importe total se encontraba por debajo de los cien mil euros. Alginet (80.528), Carlet (67.705), Guadassuar (55.237), Sumacàrcer (53.938), Sollana (47.146), Cullera (38.885), Senyera (13.245), Manuel (5.895) y Albalat (358).

Esto implica, por tanto, que la clausura del pasado año dejó más de treinta ayuntamientos que en la cuenta 413, la de los acreedores por operaciones pendientes de aplicar a a presupuesto, tenían un cero. Uno de los casos más significativos es el de Llaurí, cuya situación económica quedó lastrada hace años por problemas derivados de la gestión urbanística del municipio. El consistorio guardaba en el cajón facturas por un valor superior a los 600.000 euros en 2020, cuantía que se redujo a cero tan solo dos años después.

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