La oposición alzireña eleva el tono al subir el IBI pero el gobierno lo ve inevitable
El tripartito reclama a PP, Vox y Cs que den nombres si quieren reducir el gasto de personal

Gema Alós, el alcalde, Alfons Domínguez y Enrique Montalvá / Levante-EMV
A. C.
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) subirá en 2024 casi un 8% en Alzira. El pleno municipal lo decidió anoche con los votos de la coalición de gobierno, formada por representantes de Compromís, el PSPV y el grupo independiente UCIN. La medida, que pone fin a ocho años de congelación de tributos, ha sido muy criticada por la oposición, que ha acusado en bloque al ejecutivo local de perjudicar gravemente a los ciudadanos justo cuando la inflación y el incremento de los intereses bancarios más golpean a las economías domésticas.
El concejal de Hacienda, Andrés Gomis, atribuyó el incremento del impuesto a un ejercicio de «responsabilidad» ante la necesidad de hacer frente a los costes crecientes de los servicios públicos y de las prestaciones sociales que ofrece el ayuntamiento. «Debemos garantizar por ley el equilibrio presupuestario y apostamos no solo por mantener los servicios que ofrecemos sino también por mejorarlos», proclamó el edil. «No es fácil ni cómodo decidir una subida del IBI y no lo haríamos si no fuera estrictamente necesario», agregó.
La oposición salió en tromba. Hasta el representante de Ciudadanos, Miguel Vidal, habitualmente tan comedido, se empleó a fondo. Consideró una «auténtica verguenza» imponer ahora una mayor carga fiscal a las familias alzireñas y censuró que se hubieran invertido millones «en el nuevo ‘palacete’ que se le ha construido a la Policía Local» en lugar de ajustar cuentas para evitar que los contribuyentes tuvieran que rascarse el bolsillo. Vox volvió a colocar a su exmilitante Enrique Montalvá, hoy líder de UCIN, en el punto de mira para afearle que prometiera en campaña bajar los impuestos. «Han mentido, bromeado y estafado al pueblo de Alzira», le espetó Rosana Peris.
En su turno de réplica el regidor de Hacienda admitió que el gasto de personal consume la mitad del presupuesto. «Es verdad, pero le sucede lo mismo al resto de ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes, como ocurre en Santa Pola o Puzol, donde gobierna el PP, por las mismas razones: ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos», precisó antes de invitar a la oposición a hacer público el listado de funcionarios que sobran en el ayuntamiento. Vidal le respondió enseguida: «No se trata de eliminar sercicios o puestos de trabajo sino de priorizar inversiones y de promover la eficiencia energética».
Gomis, Montalvá, la socialista Gema Alós y el alcalde, Alfons Domínguez, recordaron después que todos los impuestos, excepto el IBI, se mantienen congelados y que los mayores incrementos de los tributos municipales y de los sueldos políticos se registraron durante los mandatos del PP.
El portavoz del PP alzireño, José Luis Palacios, anunció ayer que presentará alegaciones contra el incremento del IBI y que se reunirá con el Consell Econòmic i Social y el Consell de Participació Ciutadana para conocer la opinión de estos organismos sobre la subida de Impuestos. «Haremos lo que ustedes no han sido capaces de hacer antes de decidirlo», reprochó. También criticó que se convocara un pleno extraordinario para evitar que los ciudadanos pudieran tomar la palabra en el hemiciclo.
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