Destituyen con efectos retroactivos desde agosto al asesor de UCIN en Alzira que cobraba dos sueldos

El asesor del grupo independiente UCIN Antonio Pelayo ha dejado el Ayuntamiento de Alzira por la puerta de detrás. El expediente disciplinario instruido tras constatarse que ejercía a la vez su profesión privada con el cargo como personal de confianza, ambos a jornada completa, sin haber solicitado la compatibilidad, se ha cerrado con una resolución que determina que se trata de una infracción «muy grave» del Estatuto Básico del Empleado Público, de la que se le considera responsable; su cese con carácter retroactivo a efectos del 31 de julio, fecha en que se le suspendió de forma provisional de empleo y sueldo -una medida cautelar que no había trascendido- y la obligación de reintegrar a las arcas municipales algo más de 1.500 euros ya que desde la suspensión temporal únicamente ha percibido las retribuciones básicas del salario inicialmente asignado.

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Antonio Pelayo, que ejercía como secretario general de la agrupación local del PP alzireño hasta que la crisis abierta por la confección de las listas electorales provocó su salto a UCIN, marca liderada por el exconcejal popular Enrique Montalvá que reunió a desencantados del PP y Vox , se incorporó como personal de confianza del grupo municipal el pasado mes de febrero. UCIN forma parte del equipo de gobierno junto a PSOE y Compromís.

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El portavoz del grupo popular, José Luis Palacios, alertó unos meses después del supuesto caso de pluriempleo y solicitó el expediente de compatibilidad. La petición dio lugar a la incoación de un procedimiento disciplinario para acreditar si Antonio Pelayo había incumplido la normativa sobre incompatibilidades al no solicitar de forma previa la autorización para realizar la actividad privada y, dada la polémica que generó el caso, se decretó la suspensión provisional del asesor con efectos desde el 1 de agosto. 

Alegaciones en contra

Pelayo ha formulado alegaciones en este proceso para cuestionar el tipo de sanciones que se pueden aplicar como personal eventual, que no han impedido calificar los hechos como falta muy grave, que deriva en su cese con efectos retroactivos, según el decreto de aldía fechado el pasado 8 de noviembre por el que resuelve el expediente, del que se dio cuenta en el pleno del miércoles.

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Se da la circunstancia de que, en esa misma sesión, se aprobó la compatibilidad del asesor designado por el grupo socialista para ocupar la vacante que deja Pelayo, en base al acuerdo alcanzado entre los socios de gobierno para compartir esa plaza de personal de confianza de forma rotativa. Ese puesto de asesor lo ejerció en el primer tramo del mandato el exconcejal Pep Carreres, designado por Compromís, al que en febrero siguió Antonio Pelayo. El PSOE tiene previsto nombrar ahora a Vicent Dolz.

«Teníamos razón»

El portavoz del grupo popular, José Luis Palacios, deslizó en el pleno una escueta alusión a la resolución de este expediente al recordar que en su día alertó de una supuesta irregularidad en la contrataicón de Pelayo como asesor de alcaldía, según la denominación formal, y que «la realidad ha sido que teníamos razón».

La resolución del expediente señala que matener dos actividades a tiempo completo, una pública y otra privada, «no resulta ajusta en ningún a derecho en ningún caso» ya que, según expone, la ley de incompatibilidades de la Administración Públicas establece que las actividades privadas que correspondan a puestos que requieran de la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas «solo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea de prestación a tiempo parcial».