El alcalde afea el daño que la crisis de la fallera mayor causa a la imagen de Alzira
La guerra abierta entre la fallera mayor de Alzira de 2024, Zaira Cano, y la directiva de la Junta Local Fallera a raíz de la imposición de una sanción por un comportamiento «que afecta a la imagen y el protocolo de la institución» tiene una víctima colateral: la imagen del colectivo y de la fiesta. La mácula que sobre ella quedará será permanente, algo que lamenta el ayuntamiento. «No deja una buena imagen para nadie», aseguraba el alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez.
El conflicto, que destapó en primicia Levante-EMV, se originó al imponer la junta una sanción a Cano que implicaba vetar su presencia en el acto de exaltación de las reinas del nuevo ejercicio, al que tradicionalmente han asistido las falleras mayores salientes para rendir pleitesía, y en cualquier acto futuro organizado por la JLF. La decisión se comunicó a las treinta y cuatro comisiones de la ciudad, si bien nunca han trascendido los motivos concretos que originan la amonestación. La JLF ha optado por no realizar declaraciones públicas desde que estalló la crisis, más allá de confirmar la medida, que se adoptó «tras analizar diversas actuaciones a lo largo de todo el ejercicio fallero». La exfallera ha llegado a atribuir la sanción a «rencillas personales» y tanto ella como su abogado han repetido en diversas ocasiones que el proceso está repleto de «irregularidades», ya que inicialmente se le llegó a comunicar la sanción por Whatsapp sin darle derecho a la defensa.
Cano anunció el lunes que emprenderá acciones legales contra los directivos de la junta al sentir que su honor y su imagen se han visto mancillados. Había reclamado en la negociación abierta para cerrar el conflicto una disculpa de la JLF que no se ha producido. Su decisión llega tras no haberse alcanzado acuerdo alguno entre ambas partes, que buscaron una salida honrosa que evitase una demanda en varias reuniones, con la presencia incluso de miembros de la corporación municipal como mediadores.
De hecho, si en algo coincidían tanto la fallera como la JLF era en que abogaban por evitar una denuncia judicial, ya que representaba la opción que menos desprestigiaría las Fallas una vez la crisis había trascendido a la esfera pública. La junta ha llegado a dejar sin efecto la sanción, según ha desvelado la propia Cano, pero no ha sido suficiente.
Mediación
El gobierno municipal se ofreció desde un primer momento a colaborar en la negociación. «Hemos hecho todo lo posible por mediar en el conflicto entre la junta y Zaira, nuestra intención siempre ha sido la de alcanzar el entendimiento y evitar que se llegara hasta este punto. Lamentamos profundamente que no se haya alcanzado un acuerdo, porque esto no da una buena imagen de nadie», destacó el alcalde.
Por su parte, la Junta Local Fallera mantiene silencio y se prepara para organizar su defensa si, finalmente, el caso debe resolverse en los tribunales. No obstante, fuentes consultadas comparten la opinión de Domínguez al considerar que el conflicto no beneficia a ninguna de las partes. De hecho, se considera que son las Fallas de Alzira las que salen perjudicadas.
El conflicto sigue sin un desenlace. Quizá será un juez quien deba resolverlo o, tal vez, la vía del diálogo y el consenso no se ha agotado de forma definitiva. El tiempo determinará. Sin embargo, todas las partes implicadas coinciden en que, sea cual sea el desenlace, lo ocurrido ya ha adquirido tal magnitud que, difícilmente, las Fallas de Alzira podrán recuperar el prestigio perdido durante las últimas semanas.
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