Alzira rechaza aplicar el protocolo de acoso a los concejales tras la denuncia de Mar Chordá

El gobierno de Alzira (Compromís, PSOE y el concejal de UCIN, Enrique Montalvá, acusado de un presunto caso de acoso laboral por su compañera de partido Mar Chordá) ha rechazado las mociones presentadas por la propia Chordá y el PP en el pleno celebrado esta tarde. En ambas propuestas, los grupos municipales han reclamado la inclusión de los cargos políticos dentro del protocolo para la actuación y prevención de situaciones de acoso moral o psicológico en el ayuntamiento de la ciudad.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, que ha decidido no valorar la denuncia, a pesar de que la propia denunciante le exigió que le mirara a la cara y le afirmara que desconocía la situación antes de que ella misma realizara una rueda de prensa pública contando los hechos, ha explicado la imposibilidad de poder aplicar estos protocolos en el consistorio. "Tenemos dos informes de Servicios Sociales y Función Pública, en la que nos dicen que la activación de protocolos a cargos electos -como son los concejales- es difícil de aplicar, ya que no tienen el mismo régimen sancionador que los empleados públicos", ha indicado el primer edil, quien ha añadido que "este tipo de protocolos deben ser fruto de la negociación de los representantes de las personas empleadas, no de los miembros de la corporación".

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Chordá ha vuelto a recriminarle, como ha hecho en varias ocasiones, que, en sus palabras, "no me hubieseis llamado ni hubierais sido capaces de hacer nada cuando eras sabedor de lo que estaba ocurriendo". La concejal, como ya denunció la vicepresidenta de la Diputación y diputada de Igualdad, Natàlia Enguix, ha recordado que no "es el único caso de acoso" e hizo referencia a "la exsecretaria de grupo, que está de baja laboral". Durante el pleno, en el que también se han votado los presupuestos, Chordá ha manifestado su oposición, ya que "me enviaron los presupuestos más tarde que al resto, lo cual demuestra una vez más el aislamiento del equipo de gobierno".

La edil de UCIN no ha sido la única que se pronunció en torno al caso. La portavoz de Vox, Rosana Peris, ha mostrado su sorpresa ante el rechazo del gobierno. "Habéis ignorado un caso de acoso y habéis hecho como si no hubiese pasado por conservar el poder. Defendéis a todas las mujeres, menos a las de este ayuntamiento", les ha recriminado. Por su parte, el popular Bernat Ríos ha reclamado que se "tomen medidas contundentes para garantizar un entorno seguro. La falta de protocolo es preocupante, por lo que necesitamos una respuesta clara".

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Enrique Montalvá ha decidido no participar de este debate, ya que, en sus palabras, "me defenderé y tomaré las medidas necesarias ante la justicia".

"No es competencia municipal"

A pesar de las recriminaciones por parte de la oposición, Amèlia Blanquer, como portavoz de Compromís, ha señalado que el voto negativo se basa en los informes emitidos por los técnicos. "Según la normativa vigente, esta inclusión no es compotenecia municipal. Los protocolos están diseñados para regir las relaciones laborales en el ámbito de la administración pública, no en cargos electos, por lo que nosotros no podemos tomar la decisión, tiene que ir más allá -el Ayuntamiento remitió la denuncia a Fiscalía-", ha afirmado Blanquer, quien reivindica el compromiso por parte del gobierno para "estudiar si existe alguna vía legal o normativa que permita abordar esta cuestión de una manera adecuada en el futuro".