Compromís acusa al gobierno de Carlet de vulnerar la ley de contratos con un servicio de comunicación caducado

La alcaldesa alega que se trabajaba en la licitación del servicio, que venció en septiembre de 2024, cuando se produjo la dana

Fachada del Ayuntamiento de Carlet

Fachada del Ayuntamiento de Carlet / Levante-EMV

Compromís ha acusado al gobierno de Carlet de mantener el contrato del servicio comunicación vencido desde septiembre de 2024, un hecho que, a su juicio, vulneraría la Ley de Contratos del Sector Público. La formación se plantea remitir el expediente al Tribunal de Cuentas para su evaluación y posible actuación sancionadora. Ante estas acusaciones, la alcaldesa del Partido Popular, Laura Sáez, alega que estaba trabajando en la licitación del servicio cuando se produjo la dana, lo que paralizó el proceso.

De acuerdo con Compromís per Carlet, el ayuntamiento gastó un total de 43.114 euros en 2024 en la producción de vídeos de la alcaldesa y los concejales del PP, así como en la gestión de redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y la página web municipal, entre otros servicios. Destacan que de esta cantidad, solo 17.424 euros están justificados mediante un contrato menor adjudicado por decreto de alcaldía para la prestación del servicio de comunicación municipal por un período de seis meses, desde el 1 de marzo de 2024. La oposición subraya que los 26.590 euros restantes corresponden a facturas emitidas por el mismo proveedor, sin ningún contrato que las respalde.

Compromís denuncia que esta actuación contraviene la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ya que no se ha licitado un contrato para la prestación de estos servicios. En su lugar, afirma que se han «adjudicado a dedo», lo que han calificado de «una gestión negligente, interesada e improvisada por parte del PP con las contrataciones municipales y los recursos de los ciudadanos».

Compromís solicitó los informes

La oposición está evaluando remitir estos expedientes y facturas a la Agencia Antifraude y a la Sindicatura de Cuentas, dado que podría tratarse de «una gestión anómala de los recursos públicos», «susceptible de recurso en la vía contencioso-administrativa», en sus palabras. Sostiene que, a pesar de haber solicitado informes por registro de entrada sobre estas irregularidades, no se le ha facilitado ningún documento de la intervención municipal que justifique estas «anomalías». «No comprendemos por qué estas facturas no han tenido ninguna objeción», denuncia.

La formación también se está planteando presentar una queja formal ante la Sindicatura de Greuges por, detallan, «falta de transparencia e incumplimiento de los deberes de facilitar información a los regidores para poder ejercer la labor de fiscalización del gobierno».

Un nuevo contrato de dos años

En respuesta a estas acusaciones, la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, defiende la gestión del PP. Comenta que el contrato vencía en septiembre y, cuando el consistorio estaba trabajando en la licitación, llegó la dana y lo paralizó todo: «Nos hemos centrado en la dana», declara. «Hay que garantizar la Ley de Transparencia, y tenemos la obligación moral de trasladar a los vecinos todo lo que estamos haciendo», añade, para anunciar que el objetivo del equipo de gobienro es sacar un contrato de dos años para este servicio. Niega que se trate de una elección a dedo, ya que en su momento hubo un proceso de selección y recuerda que se trata de una empresa que también trabaja en otros ayuntamientos como el de l'Alcúdia.

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