Los obstáculos que aún tiene que salvar el proyecto para acabar 23 años después el polígono de Alzira

Los empresarios cuestionan la ampliación de la travesía a 20 metros, piden rebajar costes y líneas de financiación o que la diputación aumente su aportación como titular de la carretera

El ayuntamiento ofrece ejecutar por fases para diferir los pagos de un proyecto estimado en casi 17 millones de euros

La actual travesía del polígono carece de arcenes.

La actual travesía del polígono carece de arcenes. / Perales Iborra

La urbanización del polígono industrial de la Carretera de Albalat, inacabada desde hace 23 años, todavía tendrá que salvar algunos escollos tras la aprobación del Programa de Actuación Integrada (PAI) por parte del Ayuntamiento de Alzira, como se pudo comprobar en la reunión convocada por la Asociación Empresarial de Alzira (AEA) para que el gobierno municipal presentara a los empresarios una actuación con un coste estimado en casi 17 millones de euros, como adelantó Levante-EMV.

«Cuando un problema se arrastra desde hace más de 23 años es por algo, porque cuando se mueve una ficha caen dos», resume el presidente de la patronal, Raúl Tudela, mientras señala que los empresarios no se niegan a pagar ni a que se complete la urbanización del polígono, aunque plantean algunas objeciones al proyecto para intentar reducir el elevado coste y evitar problemas en un sector industrial muy consolidado. 

El presidente de la AEA, Raúl Tudela, durante su intervención en la reunión con los empresarios. A la derecha, el concejal Andrés Gomis.

El presidente de la AEA, Raúl Tudela, durante su intervención en la reunión con los empresarios. A la derecha, el concejal Andrés Gomis. / Levante-EMV

«La ampliación de la carretera central a 20 metros creemos que está fuera de lugar», explica Tudela a modo de ejemplo, mientras señala que si bien puede solventar aspectos de uso público, «genera sesenta problemas privados a cada una de las empresas» al eliminar las zonas de aparcamiento de que disponen en la actualidad para los trabajadores o el espacio de maniobra para los camiones.

"La normativa, obliga"

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, expone que la anchura de la travesía viene fijada por la normativa «y de ahí no podemos escapar», apostilla, mientras el presidente de los empresarios reivindica que el proyecto se adapte a las necesidades de un polígono ya construido «y no al revés» y en esta línea reclama que se autorice algún tipo de «excepcionalidad» en las obras. Es más, plantea la posibilidad de buscar trazados alternativos «y menos peligrosos» para el carril-bici de forma que se libere ese espacio del eje principal ya que, en su opinión, el uso de las aceras y el carril-bici habilitados en la primera fase de la travesía, ya ejecutada, es muy escaso.

El aspecto económico, que hace 23 años ya provocó la paralización de las obras, preocupa ya que las últimas modificaciones han vuelto a incrementar los costes y Andrés Gomis expone que el ayuntamiento plantea ejecutar la urbanización por fases, en base a una planificación que comenzaría por aquellas zonas que se encuentran en peores condiciones, lo que de algún modo permitiría diferir los pagos en el tiempo.

Mecanismos de financiación

El también concejal de Hacienda, por otra parte, recoge el guante lanzado por los empresarios y asume el compromiso de contactar con diferentes instituciones para intentar facilitar mecanismos de financiación a los empresarios que tienen que hacer frente a las cuotas de urbanización. En esta línea, adelanta la intención de concertar reuniones con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), el Institut Valencià de Finances (IVF) o el propio Instituto de Crédito Oficial (ICO). «Hay que explorar todas las posibilidades e ir de la mano. Sabemos que tiene un coste importante, pero nuestro planteamiento es que hay que ir avanzando, poco a poco, pero seguir porque es un problema histórico que afecta al potencial del polígono y creemos que hay que avanzar con la de idea de no tener que esperar otros 25 años más», señala el edil.

Tudela explica que otras de las objeciones que plantearon los empresarios es aclarar el destino de las cuotas de urbanización que se pagaron en su día o conseguir que la diputación, como titular de la travesía principal, asuma una mayor parte de las obras de urbanización y no se limite a costear solo el vial. Gomis asume que en la primera fase no fue ese el acuerdo y también prevé abrir conversaciones con la diputación este fin.

El ayuntamiento, tras la aprobación del PAI, anunció el envío de requerimientos para que cada uno de los propietarios se adhiera antes de aprobar el proyecto de reparcelación. Todos asumen que se trata de una actuación compleja, pero necesaria. «La gente tiene que comprender que es una solución buena, pero muy costosa», señala Tudela.

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