Vecinos del Brosquil se movilizan contra un deslinde que puede suponer la demolición de casi 30 viviendas

La reciente propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica sobre el deslinde de bienes de dominio público marítimo-terrestre en un tramo de 1.510 metros de la playa del Brosquil de Cullera ha empezado a generar alegaciones. Se estima entre 100 y 150 los propietarios afectados por un deslinde que podría conllevar el derribo de una treintena de viviendas de primera línea.

El deslinde, que comprende la zona entre la Urbanización El Silencio y el límite con el término municipal de Tavernes de la Valldigna, se basa en la revisión de un trazado previo aprobado en 2010, el cual fue parcialmente anulado en varios subtramos. Según la propuesta actual, la nueva línea delimita una franja de protección de 100 metros, lo que afecta a propiedades privadas en la zona, reavivando la controversia sobre la legalidad y justificación técnica del proceso.

Según José Aguilar Cañabate, responsable del despacho de abogados Iuretech, “uno de los principales argumentos de los afectados es la falta de estudios geológicos y topográficos recientes que justifiquen la nueva delimitación. El informe técnico utilizado para la propuesta, realizado en 2024, se basa en análisis de gabinete con imágenes satelitales y datos de vuelos fotogramétricos históricos, sin incluir estudios de campo ni levantamientos topográficos actualizados de 2025".

Los propietarios critican que "las catas de sedimentos realizadas no reflejan fielmente la composición del suelo, ya que solo alcanzan una profundidad de 30 centímetros. Según las alegaciones, "esta profundidad es insuficiente para determinar con precisión la estructura del terreno, especialmente en una zona sometida a constantes modificaciones por temporales y trasvases de arena artificiales.

Impacto de los trasvases de arena y estructuras costeras

Otro aspecto que rebate es la determinación de la línea de la ribera del mar, que consideran aribraria. Se argumenta que la playa del Brosquil ha sido objeto de trasvases de arena en los últimos años, alterando artificialmente la configuración de la costa. Además, la existencia de espigones y diques en la zona ha provocado una acumulación desigual de sedimentos, modificando la línea natural de la playa.

Los afectados sostienen que “la delimitación propuesta no tiene en cuenta estos factores y que su trazado podría variar significativamente dependiendo del momento del año en que se realicen las mediciones". También denuncian que "se han utilizado mapas de herramientas como Google Earth en lugar de estudios más precisos con tecnología LIDAR", lo que, a su juicio, pone en duda la validez del deslinde.

Revisión de la franja de servidumbre

Las alegaciones también destacan que la franja de protección de 100 metros impuesta en la propuesta debería reducirse a 20 metros, ya que la zona afectada cuenta con la consideración de suelo urbano consolidado. De aplicarse la franja de 100 metros, numerosas propiedades quedarían parcial o totalmente dentro de la servidumbre, lo que podría implicar restricciones en su uso y valor.

Solicitud de un nuevo estudio

Ante estas circunstancias, los afectados "solicitan la realización de un nuevo estudio geológico y topográfico actualizado a 2025, con mediciones de campo y análisis sedimentológicos más profundos. Argumentan que cualquier decisión sobre el deslinde debe basarse en datos precisos y actualizados, evitando así perjuicios injustificados a los propietarios.

La polémica sobre este deslinde en la playa del Brosquil pone de manifiesto el conflicto entre la protección del litoral y los derechos de los propietarios. La decisión final del ministerio marcará un precedente importante en la gestión del dominio público marítimo-terrestre en la zona.

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