El Gobierno rechaza la planta fotovoltaica proyectada a 400 metros de l’Albufera

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una declaración de impacto ambiental desfavorable al proyecto de una megacentral fotovoltaica que abarcaba 167 hectáreas distribuidas de forma discontinua por cinco municipios de la Ribera y l’Horta Sud -Almussafes, Benifaió, Sollana, Picassent y Silla- al considerar que, dada su proximidad al Parque Natural de l’Albufera, «no puede descartarse que se produzcan impactos negativos significativos sobre el medio ambiente». El ministerio considera que las medidas correctoras que plantea el promotor «no son garantía suficiente para su adecuada protección».

El proyecto denominado «PSF El Tello» contempla una instalación híbrida, con una planta solar con una potencia instalada de 56,88 MW y un sistema de almacenamiento de 25,2 MW, así como una infraestructura eléctrica de evacuación de alta tensión subterránea, a excepción de un tramo aéreo de 16 metros que cruzaría el Barranc del Fondo.

Desde el inicio del proceso en agosto de 2024, el proyecto ha sido sometido a consultas públicas y revisiones técnicas por parte del promotor, que no han sido suficientes para su aprobación. Entre las principales preocupaciones expresadas por organismos como la Dirección General de Medio Natural de la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar, destaca el posible impacto sobre el Parque Natural de l’Albufera, que forma parte de la Red Natura 2000, del que apenas dista 400 metros.

Alteración del ecosistema

El informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destaca que la ubicación del proyecto podría alterar significativamente el ecosistema del humedal, algo que afectaría a especies protegidas y modificaría los flujos hídricos que permiten la recarga cíclica de l’Albufera. Además, señala que la transformación de tierras agrícolas de alta capacidad agrológica en terrenos con placas solares podría afectar a la recarga del acuífero y la biodiversidad. También se ha advertido de que la zona de implantación incluye áreas con alto riesgo de erosión y de inundación, particularmente en los barrancos de la zona.

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Uno de los aspectos más críticos del proyecto es su impacto sobre los ecosistemas hídricos y la geología del terreno. La evaluación ambiental señala que la construcción de la planta solar afectaría a los barrancos Fondo y del Tramusser, así como a la Acequia Real del Júcar, a la del Romaní y al Canal Júcar-Turia. Estas áreas forman parte de la red de drenaje natural y su alteración podría incrementar la erosión, modificar los patrones de escorrentía y la infiltración de agua en el subsuelo.

Asimismo, el proyecto se ubica en una zona donde existen afloramientos de agua subterránea conocidos como «ullals»: el Ullal de Romaní y el Ullal de Forner. La alteración de la topografía y el cambio de uso del suelo, así como la contaminación lumínica y sonora derivada de la construcción y funcionamiento de la planta, podrían resultar perjudiciales para varias especies protegidas tanto de fauna como de flora, expone la declaración de impacto ambiental. De hecho, la planta estaría junto a áreas incluidas en varios planes de recuperación de especies, como la gaviota de Audouin, el samaruc, el aguilucho lagunero, el avetoro, la cerceta pardilla o el escribano palustre.

El promotor descartó Sollana

El informe ambiental destaca que el impacto sobre el municipio de Sollana era especialmente significativo debido a la proximidad al Parque Natural de l’Albufera. Además, la zona proyectada en este municipio de la Ribera abarcaba 18,84 hectáreas de suelo agrícola de regadío, y en la Comunitat Valenciana está prohibida la instalación de plantas fotovoltaicas en suelos de esta clasificación. Por ello, la última propuesta del promotor fue excluir las parcelas ubicadas en Sollana, aunque el informe del ministerio considera que el resto de la instalación seguiría afectando negativamente a la zona protegida.

La promotora argumentó en defensa del proyecto que ciertas modificaciones en su diseño minimizarían los efectos adversos. Sin embargo, la evaluación concluye que las medidas propuestas no son suficientes para garantizar la protección del entorno y que, además, el promotor tampoco había presentado estudios suficientes sobre fauna, hábitats protegidos y el impacto en el acuífero. 

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emite una declaración de impacto ambiental desfavorable, lo que impide la autorización del proyecto en su configuración actual, a esperas de que el promotor explore nuevas alternativas de ubicación o rediseño del proyecto para cumplir con las normativas ambientales vigentes.