Montroi reduce a la mitad el sector de la estafa urbanística para legalizar 60 chalés
El ayuntamiento modifica el plan general para limitar el área residencial Canya Murta con el fin de garantizar la viabilidad, ajustarla a las expectativas de crecimiento y regularizar las viviendas
Algunas viviendas del sector residencial "Canya Murta", en una imagen de archivo. / Levante-EMV
La Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental ha dado luz verde a la modificación puntual del plan general de Montroi que permite reducir a la mitad la superficie del sector S-3b, donde se ubica la urbanización Canya la Murta. Este núcleo residencial se encuentra en terrenos no urbanizables sin agua potable ni luz, que la empresa Morarim SL vendió entre 2003 y 2004 a jubilados ingleses y alemanes.
La investigación, que se inició en 2010, terminó con la detención del exalcalde popular de Montroi durante los años 2003 y 2007, Javier Carrión, que fue condenado junto a otros 15 acusados por delitos de estafa, prevaricación y contra la ordenación del territorio.
El consistorio inició en 2015 la tramitación de la modificación del PGOU de Montroi con el objetivo de reducir el ámbito de este sector residencial y su ordenación pormenorizada. El cambio afecta a 60 viviendas construidas sin autorización administrativa y carentes de servicios básicos. Así, según se publica en el informe de evaluación ambiental publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, pasará a tener 144.207,71 m2 frente a los 321.199,63 m2.
El cambio en el plan general del municipio pretende volver a limitar el sector para reducir su ámbito y mantener, así, su clasificación como urbanizable residencial. El consistorio pretende ajustar el sector a "las menores necesidades de crecimiento actuales y limitar la zona de expansión siguiendo un crecimiento sostenible, garantizar la viabilidad de su desarrollo y regularizar la situación urbanística de viviendas ya existentes".
La ordenación busca desclasificar más del 50 % de los terrenos incluidos en el sector "Canya Murta". Las viviendas construidas se han desarollado agrupadas en dos zonas. La más extensa, con 80.000 m2, está formada por 50 viviendas unifamiliares aisladas con una ordenación de carácter urbano situadas junto a las edificaciones preexistentes, mientras que las otras diez, con una superficie de 15.000 m2, están localizadas a lo largo ddel camino que limita el sector por su extremo norte.
El informe recoge que "la extensión y la edificabilidad de este sector fueron establecidas en un momento de auge económico y no atienden a las necesidades de crecimiento actual del municipio".
Un proceso de diez años
El consistorio inició en 2015 la tramitación de la modificación del PGOU, ya que, en las últimas décadas, se han ido conformando distintas áreas con edificaciones residenciales en el término municipal. La urbanización Canya la Murta está calificada como no urbanizable.
Tras este primer paso, y como ha reconocido el alcalde de la localidad Manuel Blanco, el siguiente objetivo es "legalizar las viviendas". Reconoce que será "un proceso largo porque hay algunos inmuebles que están embargados, otros a nombre de la empresa o con deudas millonarias". Esta ordenación del PGOU tampoco permitirá construir más viviendas en esta zona.
16 acusados
El exalcalde Carrión permitió construir entre 2003 y 2004 una promoción de ochenta chalets con piscina y antena parabólica a esta promotora, que vendió casas entre 150.000 y 200.000 euros.
La Fiscalía de Medio Ambiente de València inició en 2009 una investigación al localizar un importante grupo de casas con piscina en una zona no urbanizable.
El juez de Instrucción número 1 de Picassent ordenó un año después detención de Carrión y la de otros seis imputados entre los que figuran abogados y promotores inmobiliarios, además de practicar 11 registros domiciliarios en Valencia, Silla y Montroi, incluido el ayuntamiento.
En 2018, se realizó el juicio, que sentó en el banquillo a 16 personas. En la causa había inicialmente 18 acusados, pero uno de ellos, Antonio Polo -exalcalde de Montroi- falleció, y otro estaba en busca. Finalmente, todos aceptaron penas de prisión de menos de dos años, por lo que sólo tuvieron que pagar multas.
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