El centro que nació de la guerra de Bosnia cumple 30 años de apoyo a los refugiados

Miles de personas huyeron hacia distintas ciudades de España entre los años 1992 y 1995 cuando estalló la guerra de Bosnia. Muchos de ellos se refugiaron en la costa mediterránea. Sagunt, Gandia o Cullera fueron algunas de las localidades que acogieron a estos inmigrantes a lo largo de esos tres años. Hoteles y apartamentos se llenaron de refugiados que buscaban un lugar seguro en el que resguardarse hasta poder regresar a su país junto a los suyos. 

Algunos de ellos establecieron un fuerte vínculo con la ciudad de acogida. Cullera fue una de ellas. Muchos de los residentes decidieron seguir viviendo en los hoteles e inmuebles proporcionados por la administración. Fruto de esa relación, nació el centro de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Cullera. 

El CEAR de Cullera celebra 30 años de defensa de derechos humanos y acogida digna

A lo largo de estas tres décadas, la localidad se ha convertido en un lugar de acogida para centenares de personas que no sólo huían del conflicto de Bosnia, sino también de la Guerra de Irak, el conflicto de Cuba, el enfrentamiento entre las guerrillas y el estado colombiano o la reciente guerra de Ucrania. 

El equipo de Cullera ha atendido en 2024 a 253 usuarios de distintas edades y nacionalidades. La mayoría de ellos provienen de Ucrania (71), Colombia (32) o Senegal (22). El propio centro reconoce que gran parte de estos refugiados son hombres de entre 18 y 44 años de edad, que no tienen familia. 

El CEAR de Cullera, que celebró ayer sus tres décadas con una fiesta en la que reivindicaron el trabajo y la importancia de este tipo de espacios, es el más antiguo de la Comunitat Valenciana. 

En la actualidad, disponen de 46 plazas en una especie de hostal y once pisos tutelados para familias con menores, en los que residen en total 111 personas. 

Acceso a la vivienda

CEAR Cullera no sólo se encarga de la alimentación y el hospedaje de los refugiados, sino que también trabajan para que estas personas se integren por completo en la sociedad. «Aunque la principal área es la acogida, realizamos un conjunto de actuaciones dirigidas a potenciar la autonomía, la dignidad y el bienestar de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas», explica Mercedes Ena, coordinadora territorial de CEAR en València.

CEAR reconoce que más de 110 millones de personas viven forzosamente lejos de su hogar por guerras, violencia y graves violaciones de sus derechos fundamentales. Esto supone más del 1% de la población mundial y el número más alto jamás registrado por ACNUR. Por ello, disponen de diferentes programas de acogida de asilo, como la acogida temporal -tiene una duración de entre 6 y 9 meses-, acogida para personas en situación de extrema vulnerabilidad o programas especiales -personas rescatadas en grandes embarcaciones, cuya situación sanitaria es de alta vulnerabilidad-. En el caso de Cullera, la mayoría de los refugiados son de acogida temporal. «Tienen derecho a estar hasta 18 meses, pero suelen independizarse antes», explica la coordinadora. 

Una vez transcurre este período, las personas acogidas intentan acceder a una vivienda para poder iniciar una nueva vida en un lugar seguro. Ellos no sólo se enfrentan a las dificultadas para acceder a ella, sino también a situaciones de discriminación. «Sufren un gran estigma. Hay mucha discriminación a la hora de acceder a una vivienda», lamenta Francisco Jiménez, director del centro de acogida temporal de CEAR en Cullera. Ante esta situación, CEAR dispone de una área jurídica para asesorar y defender los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y desplazadas. 

El aprendizaje del idioma es otro de los pilares de la entidad con el fin de que los refugiados puedan valerse por ellos mismos en la ciudad. Además, también organizan actividades y talleres con otras asociaciones de la ciudad para fomentar la integración en la ciudad. 

Aumento de solicitudes

CEAR señala que el número de solicitudes de asilo está creciendo durante los últimos años. A pesar de ello, la coordinadora lamenta que se «trata de un momento complicado para la protección internacional debido a las políticas que van en contra de la inmigración». 

«El Gobierno de España debe comprometerse a velar por la garantía de derechos en las anunciadas reformas legislativas y en su aplicación», indican. Denuncian que, si la situación no cambia, se producirá un descenso en el número de plazas de acogida. «Seguirá habiendo conflictos, por lo que las llegadas no cesarán. La gente buscará otras maneras de acudir, que pondrá en riesgo su vida», afirman. Por eso, hacen un llamamiento a las instituciones para que este tipo de centros sigan siendo un hogar para las personas que huyen en busca de un lugar seguro.