La Diputación amplía un año el plazo para ejecutar los proyectos pendientes del Plan de Inversiones

Los municipios de la Ribera Alta y la Ribera Baixa con proyectos pendientes del Plan de Inversiones 2022-23 de la Diputación de València dispondrán de un año más para ejecutar y justificar estas actuaciones, que suponen alrededor de cinco millones de euros solo en obras en proceso de documentación y adjudicación, a las que habría que sumar otras solicitudes aprobadas en el último plan de la anterior legislatura que aún no se han terminado de justificar. “El objetivo de la prórroga es facilitar a los ayuntamientos el proceso para que finalicen las obras y se quede en los municipios hasta el último euro”, coinciden tanto el presidente Vicent Mompó, como la vicepresidenta primera Natàlia Enguix.

La Ribera Alta tiene en proceso de adjudicación 51 proyectos del último programa inversor de la pasada legislatura, heredado por el actual equipo de gobierno provincial con “un nivel de ejecución bajo que se ha acrecentado con los problemas derivados de la dana”, apunta Enguix. Estas actuaciones fueron solicitadas por 21 ayuntamientos de la comarca, entre los que se encuentran tres proyectos en Carlet por valor de 600.000 euros y otros cuatro en Alginet (280.000 euros). A ellos, hay que sumar otras tres iniciativas presentadas por las mancomunidades de la Ribera Alta y la de Alcàntera, Cárcer, Cotes y Sellent.

En la Ribera Baixa hay 17 proyectos que aún no se han ejecutado, pertenecientes a siete municipios, entre ellos la construcción del Centro de Bienestar Social en Albalat de la Ribera (393.000 euros) y el equipamiento del gimnasio y el edificio multiusos de Sollana (372.000 euros), a los que hay que sumar otras tres iniciativas de la Mancomunitat Albalat-Polinyà.

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Aunque la propuesta de prórroga, que está prevista aprobar en el pleno de abril que se celebrará este martes, beneficiará a todos los municipios hayan resultado afectados o no por la dana, la medida impulsada desde el área de Cooperación pretende proteger las actuaciones planteadas por los consistorios con mayor afectación tras la catástrofe. Entre ellos se encuentra Carlet, que entre las iniciativas pendientes tiene la ampliación del Centro de Formación de Personas Adultas (382.000 euros) y la renovación de la red de alcantarillado y agua potable en la calle Lluís Vives (187.000 euros).

Suspensión de plazos

La propuesta de la vicepresidenta Enguix plantea una suspensión extraordinaria del plazo de ejecución de las obras incluidas en el plan, que pasará del 12 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2026. La intención es “prorrogar el último plan de la anterior legislatura, que aún tiene 70 millones de euros pendientes de adjudicar o certificar en municipios de todas las comarcas, para facilitar los procesos a los ayuntamientos y que no tengan que renunciar a un solo euro de las ayudas”.

Enguix apuesta por “ofrecer todas las facilidades a los municipios para que las ayudas se traduzcan en mejoras para sus vecinas y vecinos, y no en el anuncio de una lluvia de millones sin mayor preocupación”. En la misma línea, el presidente Mompó destaca “la proximidad con los alcaldes y alcaldesas por la que apostamos desde el primer minuto de la legislatura, con la intención de conocer sus necesidades y ayudarles en todo lo posible”.

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La propia Natàlia Enguix incide en el carácter cuatrienal del Pla Obert como “uno de los grandes aciertos del nuevo programa inversor, que flexibiliza los procesos y permite a los municipios hacer frente a necesidades sobrevenidas, como fue la pandemia hace unos años y ahora ha sido la dana”. “La cuestión de los plazos era una de las cosas que hemos corregido de anteriores planes, ya que generaban problemas a los ayuntamientos a la hora de adjudicar y ejecutar las obras, teniendo que

Proyectos y modificaciones

Entre las obras y suministros sin ejecutar se encuentran actuaciones urbanísticas, adecuación de instalaciones públicas para distintos usos, renovación y ampliación de zonas verdes e instalaciones deportivas, arreglo de caminos, equipamiento, mejoras en la eficiencia energética de los servicios, etc. Proyectos de todo tipo que no han llegado a concretarse por problemas con los plazos, por el encarecimiento de los costes de ejecución o por la dificultad para encontrar proveedores y empresas cualificadas disponibles, entre otros motivos.

En respuesta a esta situación, el área de Cooperación Municipal que coordina Natàlia Enguix está concediendo todas las facilidades a los ayuntamientos para que puedan ejecutar las actuaciones pendientes y no pierdan las subvenciones aprobadas en el marco de los anteriores planes de inversión. “La prórroga del plan 22-23 es la última medida que hemos tomado para que los municipios dispongan de más tiempo para terminar los procesos y no tener que renunciar a las ayudas”, apunta Enguix, “pero no es la única, ya que en estos últimos meses, en paralelo al desarrollo del nuevo Pla Obert, hemos dado luz verde al cambio de proyectos que ya no eran prioritarios o con sobrecostes para los ayuntamientos por otros más necesarios y que se van a poder materializar”.

En la misma línea de contribuir a la mayor ejecución posible del último plan del anterior equipo de gobierno, Cooperación está aprobando decretos como el de Sueca, que permite destinar a una nueva obra, en este caso la habilitación del antiguo edificio de Correos para Servicios Sociales, los remanentes del plan 22-23 que resultan de los proyectos no ejecutados y de las diferencias en el coste definitivo de adjudicación de los trabajos.