La defensa confirma la ausencia de cargos contra el pensionista carletino apresado por Rusia

Los abogados de Mariano García Calatayud, el jubilado de Carlet de 77 años apresado en Jersón (Ucrania) en marzo de 2022, afirman que el valenciano no está acusado formalmente de ningún delito ni en Ucrania ni en Rusia, por lo que se trataría de una detención ilegal, sin cargos aparentes ni reclamaciones contra él.

Mario (como lo conocen de manera cariñosa en Ucrania, pues les es más fácil pronunciar así su nombre) cuenta con un equipo de abogados tanto rusos como ucranianos que se han volcado en su causa. «Mario tiene varios abogados que realizan diferentes funciones. Hay muchas acciones legales diferentes, y debemos llevarlas a cabo tanto en el territorio de Rusia como en las partes ocupadas de Ucrania», explica uno de los letrados de su equipo legal a este diario.

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La portavoz de este equipo, Elena Taranova, señala: «Mariano no ha sido detenido con todas las consecuencias y garantías legales que conlleva una detención en un país democrático sino que ha sido secuestrado ya que ha sido privado de todos los derechos legales que tiene una persona detenida».

«Al margen del amparo de la ley»

Amnistía Internacional denunció públicamente la desaparición de Mariano en 2023 bajo la misma premisa: «La detención secreta es ilegítima y la desaparición forzada es un delito de derecho internacional. La persona sometida a desaparición forzada es sustraída del amparo de la ley, con lo que no puede acogerse a recursos legales ni a salvaguardas de protección y queda en una situación de total indefensión. Esto, a su vez, la deja expuesta a otras violaciones de derechos humanos, como la tortura o incluso el homicidio. Estos motivos de preocupación concuerdan con las violaciones de derechos humanos que —según informes— ha sufrido Mariano García Calatayud».

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«Esas personas no son acusadas de ningún delito, no constan como sujetos de ningún proceso penal ni administrativo y carecen de condición jurídica, con lo que quedan al margen del amparo de la ley (ya sea esta la ley rusa, que Rusia insiste ilegítimamente en aplicar en Crimea, o la legislación ucraniana que, de conformidad con el derecho internacional humanitario, es la que se debe aplicar en los territorios ocupados)», añadió la organización internacional.

De funcionario en Carlet a altruista en Ucrania

Mariano se prejubiló como jefe de la brigada municipal de obras del Ayuntamiento de Carlet en 2014 y dejó en Benimodo a sus dos hijos, su hermana y sus nietas para irse a ayudar a Ucrania. Desde su llegada, se dedicó a realizar labores humanitarias: entregas de alimentos, ropa, medicación, material escolar y demás a ONG en zonas de conflicto. Sin embargo, la participación en protestas contra la ocupación rusa y unas fotografías suyas en la sede de un partido ultranacionalista ucraniano (donde se fotografió con un arma) lo pusieron en el punto de mira de los militantes rusos que lo metieron en una furgoneta el 19 de marzo de 2022, en plena calle de Jersón (Ucrania). No volvió a ver a sus seres queridos y, tras numerosos traslados entre centros penitenciarios, se desconoce su paradero y si sigue vivo.

Como ya informó Levante-EMV, la Fiscalía Militar de la Flota del Mar Negro (órgano militar ruso) constató en respuesta al abogado de Mariano que su cliente fue apresado «con el fin de verificar la comisión de acciones destinadas a causar daño a la seguridad de la Federación Rusa en el curso de una operación militar especial» y que, con posterioridad, fue trasladado «por funcionarios del Servicio Federal de Seguridad de Rusia» a una «institución del sistema penitenciario». Aquel documento con fecha de abril de 2023 también negaba que se hubieran producido «violaciones de las condiciones de detención, incluidas las relacionadas con la restricción temporal de contactos con otras personas».

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