Una ordenanza "antiokupas" blindará las viviendas vacías en Carcaixent

El Ayuntamiento de Carcaixent ha decidido actuar para frenar el problema que representa la ocupación ilegal de viviendas. La alcaldesa, Carolina Almiñana, ha expresado su preocupación ante la «creciente oleada de intentos de okupación». Por ello, planea lanzar una nueva ordenanza municipal para frenar la okupación de viviendas vacías. Se prevé que esta nueva medida sea aprobada en el pleno del mes de julio. 

«Voy a proponer que los propietarios de viviendas vacías en la ciudad tengan cuidado. Estamos estudiando con los técnicos municipales la posibilidad de obligar a los grandes tenedores a tomar las medidas que sean necesarias en cada caso, como poner alarmas, reforzar puertas y ventanas, instalar rejas o incluso tapiar viviendas enteras», concreta. «Dentro de la poca competencia que tenemos los ayuntamientos en materia de okupación, es todo lo que puedo hacer», apostilla.

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El municipio registró hace dos semanas una brutal agresión de un okupa a un vecino, que sufrió una fractura en la mandíbula y la perforación del tímpano, lo que le ha hecho perder el 50 % de la audición en ese oído. Sucedió en unas fincas de la avenida Germanías donde, de 48 viviendas distribuidas en cuatro escaleras, 28 están «okupadas». Son todas propiedad de la Sareb.

Control sobre el padrón

Almiñana afirma que, desde 2023 -con el cambio de gobierno municipal-, el ayuntamiento comenzó a realizar un control más estricto sobre los certificados de empadronamiento: «Hemos llegado a tener 15 personas empadronadas en una misma casa y eso no puede ser», expone. Si bien es cierto que cualquier persona puede empadronarse allí donde viva (independientemente de la situación legal de la propiedad), el consistorio limita los empadronamientos múltiples «en pisos okupados que parecen una patera», según la alcaldesa.

Estas limitaciones al padrón que el ayuntamiento comenzó a aplicar hace dos años consisten en no inscribir a ningún vecino en el padrón si no tiene el correspondiente contrato de alquiler o la escritura de propiedad del inmueble en el que resida a su nombre. Aun así, el empadronamiento no otorga derechos de propiedad al okupa ni legaliza la ocupación, y no impide el desalojo por vía legal. Alberic ya anunció medidas similares a principios de 2022 al detectar un «alarmante» goteo de solicitudes de empadronamiento. 

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El de la ocupación ilegal «es un tema que hemos cogido de primera mano. Quiero garantizar la seguridad tanto de las personas que residen en esas fincas de la avenida Germanías como del resto del pueblo», añade la alcaldesa. Por ello, el ayuntamiento ha reforzado el servicio de Policía Local para tener allí una patrulla constantemente. Sin embargo, Albiñana subraya que ha notado un aumento de intentos de okupación no solo en la avenida Germanías, sino también en otros puntos de Carcaixent. «Se han evitado gracias a la rápida actuación de la Policía Local», destaca. 

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