Carlet detecta un centenar de cobros fraudulentos de la Renta Valenciana de Inclusión

El Ayuntamiento de Carlet, a través del Departamento de Servicios Sociales, ha llevado a cabo un exhaustivo proceso de revisión de las ayudas concedidas en el marco de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), como medida de control y verificación de la correcta aplicación de esta prestación pública. Fruto de esta actuación, se han extinguido un total de 101 ayudas que, después del análisis correspondiente, han resultado incompatibles con los requisitos legales establecidos.

Las causas de las extinciones han sido diversas, pero destacan:

• Incumplimiento de los requisitos de mantenimiento de la prestación, como por ejemplo cambios no comunicados en la situación socioeconómica.

• Declaración fraudulenta de ingresos, detectada a través de cruzamientos de información y comprobaciones domiciliarias.

• Vulneración de los compromisos establecidos en el Programa Personalizado de Inclusión (PROPIN), que incluye acciones como la búsqueda activa de ocupación, el aprendizaje lingüístico o la correcta escolarización de los menores a cargo.

• Hacer un mal uso de los recursos con gastos no considerados en la prestación, como los de contenido sexual, restauración o plataformas de juegos.

El equipo técnico municipal está realizando revisiones periódicas y visitas de verificación a domicilio, con el objetivo de garantizar que las ayudas públicas llegan exclusivamente a las personas que realmente tienen derecho y cumplen con las obligaciones establecidas por la normativa autonómica.

La Renta Valenciana de Inclusión es una prestación económica y social regulada por la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, y desarrollada por el Decreto 60/2018, de 11 de mayo, de la Generalitat Valenciana. Su gestión y seguimiento se lleva a cabo en colaboración con los equipos de atención primaria de los servicios sociales municipales.

El concejal de Bienestar Social, Daniel Caballero, ha remarcado que “es una obligación de las administraciones garantizar que los recursos públicos llegan a quién realmente lo necesita. Por eso, estamos intensificando los controles y revisando todas las prestaciones económicas que se gestionan desde el ayuntamiento con el objetivo de prevenir el fraude y proteger la confianza de la ciudadanía en el sistema público de bienestar”.

El consistorio incrementará estos mecanismos de supervisión para asegurar la máxima transparencia y responsabilidad en la gestión de las ayudas sociales.

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