Ejecución de sentencia
L’Alcúdia y Guadassuar cierran el pacto para evitar el derribo de una empresa tras un litigio de 20 años
El acuerdo contempla rebajar el nivel de peligrosidad de las nuevas industrias en el polígono de la Garrofera, la urbanización del sector y evitar que el tráfico pase por Montortal
Instalaciones de Propamsa en el polígono industrial de Guadassuar, en una imagen de archivo. / Agustí Perales Iborra
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L’Alcúdia y Guadassuar han llegado a un acuerdo para evitar el derribo de la empresa de cementos Propamsa, situada en el polígono de la Garrofera de Guadassuar, tras la denuncia realizada por el consistorio alcudiano hace casi dos décadas.
Tras varias reuniones entre ambos ayuntamientos, en las que también ha participado la mercantil y la propia Generalitat Valenciana durante todo este tiempo, ambos municipios han pactado una serie de medidas que pondrán fin a más de quince años de conflicto entre ambos consistorios.
A pesar de que la mercantil se encuentra en el término municipal de Guadassuar, su cercanía a la pedanía de Montortal, ubicada en l’Alcúdia, se ha convertido en una preocupación para el ayuntamiento alcudiano, ya que alegaba que la producción de cemento podía resultar perjudicial para los vecinos.
Fuentes de l’Alcúdia han explicado que esta zona industrial «siempre se ha encontrado al margen de la legalidad con industrias peligrosas para la ciudadanía», por lo que ambos municipios han pactado una serie de acuerdos con el fin de revertir esta situación. Así, ambos ayuntamientos han pactado que se rebaja la calificación del suelo como industrial 2, ya que en la actualidad estaba en nivel 3, lo que suponía que se instalaran empresas que podían ocasionar problemas de insalubridad o peligrosidad para los vecinos. Así, con esta reducción, las próximas mercantiles se situarán en un nivel de riesgo menor. Como se abordó en el pleno de l’Alcúdia, esta área «se ha convertido en un potencial contenedor de industrias peligrosas con riesgos de afección ambiental y problemas para los vecinos». Así, «se evitará la implantación de una planta de residuos del grupo 3, por ejemplo, por lo que se rebaja la peligrosidad de las empresas a instalar».
Los propietarios de las mercantiles de la Garrofera, por su parte, deberán asumir los costes de urbanización, entre los que se encuentran los viales, las aceras o el alcantarillado, para poder regularizar la situación.
L’Alcúdia y Guadassuar también han establecido que el área industrial debe contar con un acceso directo a la AP-7 para evitar que los vehículos, camiones o el resto de transporte pesado que accede a esta área industrial circule por la pedanía de Montortal. De momento, no se ha acordado quien asumirá este enlace, pero fuentes municipales han explicado que «hasta que no se ejecute esta nueva conexión no se podrán instalar nuevas empresas con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos de la pedanía».
El Ayuntamiento de l’Alcúdia ha aprobado esta semana por unanimidad el convenio interadministrativo para acordar la ejecución transaccionada de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Cabe recordar que el consistorio que entonces encabezaba Roberto Martínez planteó un recurso contencioso-administrativo al considerar que la licencia de obras concedida a la fábrica era ilegal y que la industria suponía un riesgo para esta pedanía.
El TSJCV, por su parte, declaró nulas la licencia de obra concedida a la empresa en octubre de 2007 y la licencia ambiental, fechada en julio de 2008. Por ello, ordenó la clausura de la instalación y la demolición del complejo, mientras que en 2021 el consistorio acordaba el derribo de la fábrica.
Un año despúes, en 2022, l’Alcúdia y Guadassuar acordaron dejar atrás el pasado y revertir la situación. Ambos presentaron un escrito conjunto ante el juzgado encargado de la ejecución de la sentencia en el que se solicitaba la suspensión del procedimiento solicitado por el ayuntamiento alcudiano.
Guadassuar aprobará el convenio en el próximo pleno para empezar a aplicar estas modificaciones. El consistorio de l’Alcúdia se muestra satisfecho con este acuerdo, aunque reconoce que no es un trámite rápido.
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