Las medidas de la nueva ordenanza antiokupación de Carcaixent se centrarán en los grandes propietarios

El Ayuntamiento de Carcaixent ha aprobado inicialmente la ordenanza contra la ocupación ilegal de viviendas. La norma, que obligará a los propietarios a tomar medidas (desde el tapiado hasta la instalación de alarmas) en los inmuebles vacíos durante más de 6 meses, se centrará en los grandes tenedores y fue aprobada en el pleno del jueves con los votos a favor del PP y Units per Carcaixent, la abstención de Compromís y PSPV y el voto en contra de Vox, tras una semana en la que, según la alcaldesa, Carolina Almiñana, hubo tres intentos de okupación. También fueron aprobadas las enmiendas propuestas por Units per Carcaixent, entre las que se encuentra la creación de una oficina antiokupación.

La alcaldesa quiso «tranquilizar a la gente, porque hay quien piensa que tapiaremos cualquier casa, pero nos centraremos en los grandes tenedores y en aquellos inmuebles que estén abandonados porque son de gente que no viene nunca al pueblo y no piensa en los vecinos», expresó.

Los grupos municipales de Vox, PSPV y Compromís cuestionaron la efectividad de la nueva ordenanza, ante lo que tanto las concejalas de Units per Carcaixent como la alcaldesa alegaron que la ordenanza «regula dentro de nuestras competencias municipales».

Más celeridad

«Sin esta ordenanza no podíamos hacer más que requerir a los dueños, con los tiempos que eso supone. Pero ahora ya existirá la obligación de actuar. Si no lo hace el propietario, lo haremos nosotros y no habrá que esperar», explicó la alcaldesa a Levante-EMV.

El régimen sancionador prevé multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan estas medidas. Las sanciones serán progresivas y dependerán de si el propietario ha sido o no previamente requerido. Además, se endurecen los requisitos para grandes tenedores como bancos, fondos de inversión o la Sareb, a los que se podrá exigir también sistemas de alarma o seguridad privada.

La propia alcaldesa se mostró sorprendida ante el entendimiento entre los concejales de Vox y PSPV, que plantearon que la falta de vivienda pública podría estar relacionada con la okupación, algo que Almiñana descartó: «Es una forma de blanquear la okupación», alegó. Pese a haber apoyado la nueva normativa, la portavoz de Units per Carcaixent, Ana Calatayud, sentenció: «Han trasladado el problema de la falta de vivienda al ciudadano».

Colaboración vecinal

Asimismo, Almiñana reconoció la colaboración y concienciación vecinal: «Están siendo los vecinos los que nos llaman cuando se dan cuenta de algún allanamiento y eso permite actuar a la Policía Local con rapidez para proceder al desalojo, en caso de que los ocupantes no lleven más de 48 horas ahí».

A lo largo de este punto del día, fueron varias las referencias a la existencia de una posible «mafia» que, presuntamente, se estaría lucrando con el arrendamiento ilegal de los pisos okupados, como ya informó Levante-EMV. «Estamos investigando el tema porque, además de ser algo ilegal, sería un abuso hacia las personas sin recursos de las que se aprovechan», concluye Almiñana.

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