La objeción de todos los profesionales de obstetricia impide practicar abortos en el Hospital de la Ribera

Veintidós de veintidós. Todos los profesionales en obstetricia del Hospital de la Ribera se declaran objetores en referencia en el artículo 14 de la Ley de salud sexual, reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Así lo ha hecho saber Compromís al publicar los datos aportados por la Conselleria de Sanidad. La formación valencianista ha denunciado la "indefensión" de las mujeres de la comarca.

Según detallan la concejala de Compromís en Guadassuar, Gemma Avellán, y la diputada en las Corts Mònica Àlvaro, los datos obtenidos por el partido son los mismos que se han facilitado al Ministerio de Sanidad para crear el Registro de Objetores y muestran que la totalidad de los profesionales se han declarado objetores y, por tanto, se oponen a interrumpir el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, tal y como reconoce el citado artículo.

Los mismos datos oficiales hablan de que, en la comarca y durante el pasado año, se realizaron 472 interrupciones voluntarias del embarazo, de las cuales 340 se derivaron a varias clínicas. El resto recurrieron directamente a la sanidad privada. Precisamente, la conselleria que dirige Marciano Gómez respondió a la formación que la forma que tiene el gobierno autonómico de garantizar el derecho al aborto es el de derivar a las mujeres a cínicas de Castellón, València, Alicante y Elche. Aunque, según fuentes sanitarias, la mayoría interrumpe su embarazo en la misma ciudad de Alzira.

Las representantes de Compromís afean a la conselleria la falta de convenios específicos para realizar estas intervenciones. Además, subraya Avellán, «las mujeres de la comarca ven como se agravia su situación al derivarlas a clínicas que no usan la sedación en las intervenciones obstétricas».

Fuentes de la Conselleria de Sanidad han explicado tras estas críticas que, en el caso del Hospital de la Ribera, las interrupciones voluntarias del embarazo se han practicado siempre por derivación-también en la época del Botànic- y que existen acuerdos vigentes con una clínica de Alzira y dos de València «que permiten realizar estas interrupciones en condiciones de seguridad, confidencialidad y calidad asistencial». Por otra parte, destacan que el porcentaje de abortos con financiación pública alcanzó en 2024 el 76,9 %, lo que representa el volumen más alto desde 2000, y sitúa al departamento de salud de la Ribera por encima de la media autonomica en este apartado.

Àlvaro, por su parte, reclama al Gobierno que intervenga: «Ante este caos y el perjuicio que supone para una mujer de la Ribera que no la atiendan en su hospital y que la deriven sin ningún criterio a Elche o Castelló, pedimos amparo al Ministerio de Sanidad para que garantice que las intervenciones legales del embarazo puedan hacerse en cualquier hospital público valenciano».

«Se está vulnerando el derecho de las mujeres y, además, el derecho de las pacientes para que se les practiquen las intervenciones con el mejor trato posible y, por supuesto, con el menor dolor posible», manifiesta la diputada, que añade: «No permitiremos que la misoginia del Consell, y en especial del conseller Marciano Gómez, implique un mayor dolor para las valencianas ni un impedimento para ejercer sus derechos».

La conselleria, por contra, defiende que todas las mujeres tienen asegurado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.