Alzira se aferra al informe de la UPV para exigir el desbloqueo del centro cultural Jaume I

El gobierno de Alzira devuelve la pelota al tejado de la Conselleria de Cultura. El cruce de reproches entre las administraciones local y autonómica sobre la demora en el inicio de las obras del centro cultural Jaume I proyectado sobre los restos de la casa del monarca no cesa. El ejecutivo municipal se aferra al informe de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), que certifica que la última versión del proyecto de ejecución es menos lesiva para el patrimonio que el autorizado inicialmente, para desbloquear la situación de parálisis administrativa que sufre desde hace meses. "No ha habido respuesta por escrito a la solicitud de autorización y, desde luego, en ningún momento se ha comunicado el desistimiento que el conseller decía presuponer, sobre todo cuando hace solo un mes preguntamos sobre el estado de la solicitud", replica el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis a José Antonio Rovira.

Como ya informó Levante-EMV, el alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, y Gomis calificaron la situación de "bloqueo político" a principios de semana. Uno que, además, puede tener como desenlace que el ayuntamiento devuelva la subvención íntegra de 2,3 millones de euros recibida del Plan Xacobeo concedida para la construcción de un museo dedicado a la figura del Conqueridor sobre los restos de la que fue su vivienda durante sus estancias en la capital ribereña y el lugar en el que abdicó.

La falta de entendimiento entre ambas administraciones resulta evidente. Rovira, en una carta dirigida a Domínguez que la propia conselleria compartió con la prensa, aseguraba que existía un compromiso de colaboración con el consistorio con el objetivo de "lograr una solución compatible con la preservación de los valores del patrimonio cultural y los intereses del municipio, brindándole la posibilidad de celebrar reuniones de trabajo en numerosas ocasiones para alcanzar un proyecto viable". Una afirmación que desconcierta al gobierno municipal. "Si hubiera existido esa voluntad de colaboración, las obras ya estarían en marcha", asevera con vehemencia Gomis, que recuerda que la primera vez que el ayuntamiento solicitó la autorización para el proyecto de ejecución fue en noviembre de 2024. "Desde entonces, hemos tenido infinidad de reuniones para incluir cada modificación que se nos pedía. Nos sentimos muy impotentes porque se pueden perder los 2,3 millones de euros, pero también porque el ayuntamiento ha dedicado a este proyecto 700.000 euros y ambas administraciones una gran cantidad de horas de trabajo de sus técnicos", afirma.

Por su parte, el gobierno autonómico sostiene que la intervención propuesta podría dañar el recinto murario declarado BIC. Para el consistorio, la clave para desbloquear el proyecto se encuentra en su última versión. Esta se encuentra avalada por un informe de la UPV que la propia universidad ha reconocido que realizó a petición de la conselleria. En él se certifica que el citado documento es el fruto de las modificaciones "que han sido debatidas y consensuadas en las diversas reuniones mantenidas conjuntamente con los técnicos de los servicios territoriales de la Conselleria de Cultura, los técnicos del Ayuntamiento de Alzira y el equipo de proyectistas, proponiendo soluciones más apropiadas para ajustar las recomendaciones indicadas en la autorización del 4 de julio de 2023". Además, concluye que los mencionados cambios "suponen una mejora respecto al [proyecto] autorizado inicialmente, en lo referente a la afección patrimonial y su integración en el BIC y su entorno". "Nos piden una solución y la tienen desde julio", sentencia el edil.

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