El PP de l'Alcúdia fuerza al gobierno (PSOE) a encargar una auditoría externa de cuatro años

La ausencia de dos concejales del PSPV de l’Alcúdia -el alcalde, Andreu Salom, se encuentra de baja médica mientras que se está a la espera de cubrir la vacante generada por una renuncia- y la abstención de los dos representantes de Compromís, permitió al PP aprobar en el pleno celebrado el martes una resolución para obligar al equipo de gobierno (PSOE) a realizar una auditoría externa de las cuentas municipales de los últimos cuatro años ante lo que considera unos «indicadores económicos alarmantes».

El PP también logró sacar adelante la propuesta de instar al alcalde a presentar de forma inmediata para su aprobación en el pleno un plan económico financiero al que el ayuntamiento está obligado tras el desequilibrio con el que se cerró el ejercicio 2024, mientras que los votos de los concejales del PSOE y Compromís rechazaron la moción del PP que solicitaba la reprobación del alcalde «por su deficiente gestión económica».

El concejal de Hacienda, Javier Mozos, argumentó que la realización de una auditoría externa «no responde a ninguna necesidad real de gestión, sino a una estrategia política (del PP) de generar desconfianza y ruido» ya que, defendió, todos los datos económicos del ayuntamiento «son públicos y pasan los controles internos y externos», mientras recordaba que están «verificados y auditados» por la Sindicatura de Cuentas y por el Tribunal de Cuentas. El edil cifró entre 50.000 y 75.000 euros el coste de esta auditoría y señaló que «querer duplicar los mecanismos de control supone desperdiciar recursos y confundir a la ciudadanía».

La situación económica del ayuntamiento centró buena parte del pleno. El portavoz popular, José Manuel Arnandis, justificó la necesidad de contratar un auditoría independiente argumentando que la gestión presupuestaria del gobierno local «es un auténtico desbarajuste». Por un lado, reprochó al ejecutivo el abuso de los reconocimientos extrajudiciales de crédito cuando, señaló, este tipo de gastos sin partida presupuestaria deberían ser algo extraordinario, y censuró que no se haya presentado un plan económico financiero para su aprobación pese a la obligación legal y el informe de intervención que así lo aconsejaba tras incumplir en 2024 el principio de estabilidad presupuestaria. Recordó que el ayuntamiento sigue con los presupuestos prorrogados de 2024 y no ha presentado cuentas para 2026 y también indicó que un período medio de pago a los proveedores de más de nueve meses afecta negativamente a empresas y autónomos.

El PP también consiguió aprobar una propuesta para emplazar al gobierno a presentar un plan de ajuste que permita corregir la situación en dos años -en el debate se dejó entrever que el interventor llegó a elaborar este documento aunque el equipo de gobierno no lo ha llegado a aprobar-, en este caso, con la abstención de PSOE y Compromís. El concejal de Hacienda justificó el voto como una «abstención responsable».

Tanto Javier Mozos como la alcaldesa accidental, Àngels Boix, defendieron que desde finales del año pasado el equipo de gobierno «ha priorizado la respuesta a la dana y la reconstrucción». De hecho, Boix señaló que estas actuaciones es uno de los motivos que justifican los gastos sin partida presupuestaria que criticaba el PP. Mozos, por su parte, aseguró que le gobierno no tiene nada que esconder. El pleno rechazó la propuesta del PP que pedía la reprobación del alcalde por su gestión económica. Compromís pidió un receso y acabó votando en contra junto al PSPV. "Al alcalde le pedimos responsabilidad y transparencia. Nuestro trabajo no es llamarle la atención, sino exigirle resposnabilidad, es una buena puesta en escena, pero esta propuesta no solucionada y lo que queremos son soluciones", dijo la concejal valencianista Raquel Coronado.

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