Carlet activa la ordenanza pionera que prevé multas de hasta 3.000 € a los okupas

El próximo lunes entrará en vigor la nueva y pionera ordenanza de Carlet que busca atajar el problema de la ocupación ilegal de viviendas. La norma municipal contempla sanciones que alcanzan los tres mil euros para los inquilinos indeseados.

El texto nace de la necesidad de «asegurar las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro minimizando la problemática detectada». Esta no es otra que el «fenómeno creciente de la ocupación ilegal de inmuebles».

El documento expone que el exceso de edificación residencial no finalizada y aquella que, pese a estar acabada, no está ocupada, ha generado en la localidad «un problema de seguridad», tanto por las deficiencias que pueden presentar como por la aparición de inquilinos no deseados. Este hecho «tiene repercusiones en la convivencia vecinal y en la calidad de vida de las comunidades».

Por ello, establece una serie de medidas para combatir el problema. Por un lado, la ordenanza atribuye a los propietarios de inmuebles residenciales desocupados, ya sean personas físicas o jurídicas, la obligación de mantener las viviendas en condiciones óptimas de seguridad y salubridad. También de adoptar las medidas de seguridad necesarias para su no ocupación y uso.

Sistemas de vigilancia

Al respecto, hace hincapié en el consistorio podrá ordenar a los dueños tanto la limpieza y retirada de suciedad o escombros hasta la reparación de sistemas de agua, electricidad o gas. También el tapiado o refuerzo de puertas o ventanas para impedir el acceso al interior, contratar sistemas de vigilancia o instalar cerrojos de alta seguridad.

Por su parte, el ayuntamiento se atribuye la obligación de crear un registro de viviendas desocupadas. Igualmente, tendrá potestad para, con los informes policiales y pertinentes, obligar al titular del inmueble a adoptar medidas, en un plazo máximo de dos meses, para conseguir una orden judicial de desalojo de los ocupantes ilegales. El consistorio podrá, asimismo, reclamar la suspensión provisional de suministros al inmueble ocupado, con autorización del titular, para forzar la marcha de los ocupantes.

La normativa permitirá al ayuntamiento imponer multas que pueden alcanzar los tres mil euros para quienes ocupen viviendas y generen destrozos considerables en bienes privados o públicos. Aunque también se prevén sanciones más leves para los propietarios que obstaculicen la aplicación de la norma.

Problema de convivencia

«El espíritu de la ordenanza no es el recaudatorio, pero los ayuntamientos tenemos pocas herramientas para combatir lo que, en nuestro caso, se ha convertido en un problema de convivencia», explica la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, que añade: «En estos momentos, se ultima una carta que enviaremos a todos los propietarios de viviendas desocupadas para informarles de la existencia de esta nueva ordenanza. Si no se toman medidas, se les advertirá que el ayuntamiento actuará de forma subsidiaria para poner obstáculos a la ocupación ilegal y las multas serán el último recurso».

Se trata, de hecho, de una ordenanza pionera y que el gobierno municipal pronostica que se replicará en otras poblaciones de la comarca que sufran problemas similares. En el caso de Carlet, uno de los puntos más conflictivos se encuentra en un bloque de viviendas que pertenece a la Sareb y que se encuentra ocupado. Aunque no es el único localizado en el casco urbano. No obstante, y antes de que entre en vigor la nueva norma, ya se han resuelto de forma satisfactoria casos de ocupaciones ilegales en inmuebles que se han tapiado para evitar que se reprodujera el problema en el futuro.

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