Antifraude investiga la gestión de la empresa municipal de Almussafes y otorga protección a la denunciante

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha abierto una investigación tras recibir una denuncia por presuntas irregularidades en los procesos de contratación y el funcionamiento interno de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Almussafes (EMSPA) y ha otorgado protección a la trabajadora que formuló la misma, que ejerce como delegada sindical de UGT. Esta medida, considerada excepcional, se ha concedido al considerar que existe un riesgo real de posibles represalias. Quince personas han solicitado protección en lo que va de año a la AVAF y solo dos la han obtenido, entre ellas, esta trabajadora de la empresa municipal de Almussafes.

De acuerdo con la documentación interna, el Ayuntamiento de Almussafes, mediante resolución de alcaldía 2.321/2025, de 18 de septiembre, requirió a la empresa pública que informara en un plazo de diez días de las medidas adoptadas respecto a la trabajadora con estatuto de persona denunciante. En la misma comunicación se indica que el consistorio no ha remitido la Resolución de la Agencia a la EMSPA, alegando que no se trata de un expediente municipal y que la propia AVAF ya había ordenado comunicar su decisión directamente tanto al ayuntamiento como a la empresa pública “para su conocimiento y efectos oportunos”.

La EMSPA presentó en septiembre un escrito de alegaciones en el que señalaba que no había recibido la resolución de Antifraude y que, por tanto, no tenía conocimiento de la investigación, explicaba que la empresa municipal cuenta con un protocolo antiacoso para garantizar los derechos de cualquier trabajador y se comprometía a «garantizar y colaborar» con las medidas de protección acordadas por la AVAF que en ese momento desconocía, al tiempo que invocaba la nulidad de la medida por considerarse en situación de indefensión al no haber sido notificada formalmente.

La trabajadora denunciante asegura, sin embargo, que desde que inició el proceso ha sufrido difamaciones y ataques personales, así como un intento de deslegitimar su papel sindical, algo que «confirma la necesidad de mantener la protección». También critica que tanto la empresa como la alcaldía «se hayan centrado en intentar revocar la medida en lugar de investigar las irregularidades denunciadas», un extremo que el alcalde, Toni González, niega. Es más, González asegura que ni siquiera conoce el contenido de la denuncia.

Según la denunciante, a principios de septiembre la dirección de EMSPA convocó una reunión con toda la plantilla en la que le responsabilizaba de la «paralización de las mejoras laborales y salariales» del personal.

La presidenta de la empresa pública, la concejal Davinia Calatayud, ha negado rotundamente las acusaciones de represalias o de falta de colaboración con la AVAF. Sostiene que ·tanto la EMSPA como el Ayuntamiento de Almussafes están colaborando plenamente con Antifraude «en toda la información que se nos solicita». Añade que «es falso que se haya pedido retirar la protección a esta trabajadora; al contrario, la empresa ha adoptado las medidas procedentes para evitar cualquier actuación contraria, tal y como se ha comunicado a Antifraude».

Calatayud recalca además que, según las auditorías anuales, «la gestión de EMSPA se ha realizado siempre conforme a la legalidad» y afirma que la empresa afronta el proceso «con total tranquilidad».

Por su parte, la trabajadora insiste en que su denuncia «no responde a ningún interés personal, sino al compromiso con la transparencia, la legalidad y los derechos de todos los empleados públicos». «Lo que he hecho ha sido por el bien común. No busco privilegios, solo poder seguir viviendo segura y en libertad, sin miedo a represalias por haber hecho lo correcto», declaró.

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