Desalojan un edificio de Real okupado por siete familias con niños y embarazadas

La Policía Local de Real y la Guardia Civil han completado este fin de semana el desalojo de un edificio ocupado ilegalmente por siete familias que, según alegaron a las autoridades, habían sido engañadas por un intermediario. Tras su identificación, en los próximos días han sido citadas a declarar en un juicio rápido.

Según han detallado a Levante-EMV fuentes municipales, la ocupación de un bloque de viviendas vacío se produjo hace una semana. La construcción, del año 2010, se quedó sin posibles compradores debido a la crisis económica y, desde entonces, ha sido víctima del vandalismo, pues se han robado elementos de fontanería o eléctricos. Su propietario bloqueó los accesos y así había continuado hasta ahora.

Recientemente, las mismas fuentes han explicado que el dueño se disponía a reactivar la propiedad, pues había solicitado la conexión de un contador de agua y uno de obra con el objetivo de reparar algunos desperfectos y, en última instancia, poner las viviendas en el mercado.

A los pocos días, el pasado domingo 9 de noviembre, siete familias se colaron en el edificio, que cuenta con ocho viviendas. Algunas de ellas tenían hijos menores y había, incluso, alguna mujer embarazada.

No fue hasta el miércoles cuando se dio aviso a las autoridades, y tanto la Policía Local como la Guardia Civil encimaron a los inquilinos irregulares para evitar que se asentaran en el bloque. Aunque sí lograron engancharse a la red eléctrica a través del contador de obra, no consiguieron habilitar el acceso al suministro del agua a pesar de que lo intentaron. Trataron de hacerlo a través de una arqueta que, previamente, se había cubierto con arena y que, posteriormente, quedó tapada con grandes bloques de hormigón.

En la mañana del sábado, vecinos de la zona pillaron a un par de personas que cortaban la puerta exterior metálica con una radial. A la llegada de las autoridades, se detectó también que algunos de los recién llegados ya habían cambiado las cerraduras de las viviendas. Fue a partir de ese momento cuando se avanzó en el diálogo y la insistencia de los agentes dio sus frutos, pues los primeros de ellos aceptaron abandonar el lugar. No obstante, no fue hasta llegada la madrugada del domingo cuando el último de los inquilinos irregulares dio a los policías las llaves de las nuevas cerraduras. Posteriormente, se procedió al precintado del inmueble.

Los cuerpos de seguridad identificaron a los ocupantes, que alegaron haber pagado cantidades de entre quinientos y mil euros a un intermediario para poder acceder a las viviendas. Está previsto que en los próximos días se celebre un juicio rápido, aunque las mismas fuentes han asegurado que ya no se les ha visto por la localidad, que, por otra parte, no había sufrido ningún episodio similar en el pasado, ya que la práctica totalidad de las viviendas tienen dueño o inquilinos de forma regular.

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