El avance del Manhattan reactiva la venta de solares con precios de hasta 600 €/m²

El Ayuntamiento de Cullera dio luz verde hace diez meses a una nueva adaptación del proyecto del PAI Bega-Port, conocido popularmente como el Manhattan de Cullera, que permitía reducir los costes de urbanización a cerca de 93 millones de euros. Desde ese momento, el consistorio cullerense ha mantenido su apuesta por impulsar este sector, que fue aprobado por el popular Ernesto Sanjuán en 2010. El objetivo es, según el propio ayuntamiento, cumplir la legalidad y ejecutar los trámites necesarios para relanzar el proyecto.

La perspectiva de desbloquear el Manhattan ha comportado, a su vez, que también se reactive la compraventa de solares a través de distintas plataformas de internet. Así, un conocido portal en línea ofrece una decena de parcelas en este sector en el que actualmente se celebran les festivales Zevra y Medusa y que albergará, entre otras infraestructuras, un puerto deportivo, un aparcamiento subterráneo, cuatro hoteles y 35 torres de más de 25 alturas junto a la desembocadura del Xúquer, con un total de 4.883 viviendas. De ellas, 1.171 serán protegidas.

El precio de los terrenos ofertados varía según la cantidad de metros cuadrados disponibles. El coste del metro cuadrado oscila entre los 500 y 600 euros, por lo que una parcela de cerca de 1.000 m2 asciende a 600.000 euros, mientras que un solar de cerca de 2.000 m2 tiene un coste de un millón de euros, según se recoge en este portal. Sin embargo, también se muestra algún anuncio en el que el metro cuadrado se sitúa en torno a los 200 euros. Los propietarios de los terrenos resaltan en sus publicaciones la «excelente» ubicación de la parcela «cercana a la playa» y ponen en valor las instalaciones que albergará. «Solar urbanizable. Zona donde se pretende construir varias torres de edificios», recoge uno de los citados anuncios, mientras que en otro se especifica que es el terreno en el que se celebran los festivales de música cada verano.

Fuentes del sector de la construcción muestran una disparidad de opiniones sobre el precio medio de los solares, ya que debe valorarse la edificabilidad, el coste de urbanización y el precio de la vivienda de este megaproyecto urbanístico. El piso más barato, con una superficie de 90 m2, tendrá un valor de venta estimado en 169.200 euros, según se recoge en el informe «Cálculo coeficientes de uso sector NPR-5 ‘Vega Puerto’ de Cullera» publicado por el consistorio con motivo de la exposición pública de la nueva adaptación del PAI y el proyecto de urbanización Bega-Port, mientras que los de renta libre se sitúan en 268.000 euros.

Cabe recordar que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana asignaba al Ayuntamiento de Cullera la condición de agente urbanizador de este PAI. Tras esta nueva adaptación, los propietarios se encuentran notificando al consistorio si abonarán las cuotas en efectivo o mediante terrenos. La concejala de Intervención Administrativa de Cullera, Débora Marí, reconocía a este diario la dificultad para localizar a los propietarios.

Ultimátum del Consell

Esta no ha sido la única dificultad a la que se ha enfrentado el consistorio desde que se aprobó la adaptación del proyecto en febrero, ya que el Manhattan avanza muy lentamente a nivel administrativo.

La Conselleria de Medio Ambiente le otorgaba en agosto al ayuntamiento un plazo de dos meses para entregar la documentación que justifique el retraso en las obras de urbanización del sector. En caso contrario, y tras haber realizado hasta cuatro requerimientos que no habían obtenido respuesta, se establecía que «el suelo quedará sujeto al régimen establecido por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel)», es decir, será declarado como no urbanizable y, por lo tanto, se podría poner fin a este megaproyecto urbanístico de cerca de 610.340 metros cuadrados. No obstante, Cullera, como ha podido saber este diario, respondió a este documento. En uno de los últimos plenos, el alcalde, Jordi Mayor, alertaba que rechazar el proyecto podría costar 150 millones de euros y penas de prisión. «El pueblo podría verse hipotecado de por vida si no cumplimos la sentencia», sentenciaba.

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