Las Juventudes Socialistas expulsan a la secretaria general de Sueca y a su mano derecha

La Comisión Federal de Garantías Estatutarias de las Juventudes Socialistas de España (JSE) ha desestimado el recurso presentado por la secretaria general de JJSS de Sueca, Andrea Monllor, y el secretario de organización de este colectivo, Aitor Lletí, y ha ratificado su expulsión, acordada previamente por la Comisión Ejecutiva Federal mediante acuerdo del 26 de noviembre de 2025. La resolución, fechada el 2 de diciembre de 2025 en Madrid, declara que contra este pronunciamiento no cabe ulterior recurso interno, de acuerdo con el Reglamento de Desarrollo de la Normativa Federal.

El origen del conflicto que ha derivado en esta resolución se remonta al 29 de septiembre de 2025, cuando nueve militantes de la agrupación local de Joves Socialistes de Sueca presentaron una moción de censura contra la ejecutiva local, al amparo del artículo 163 del Reglamento de Desarrollo de la Normativa Federal de JSE.

La moción fue validada posteriormente por la Comissió Nacional de Garanties de Joves Socialistes del País Valencià y motivó la convocatoria de una asamblea extraordinaria local para su debate, celebrada el 7 de octubre de 2025, en la que salió adelante con nueve votos a favor y ninguno en contra, según fuentes de la dicción de JSPV.

A raíz de este conflicto interno, la Comisión Ejecutiva Comarcal de la Ribera del Xúquer incoó el 4 de noviembre de 2025 un expediente sancionador contra Andrea Monllor y Aitor Lletí, a los que atribuía una serie de hechos que podían ser constitutivos de faltas muy graves, concediéndoles un plazo de diez días para presentar alegaciones y aportar pruebas.

Concluida la tramitación, el expediente fue remitido a la Comisión Ejecutiva Federal, que acordó la expulsión de ambos militantes de Juventudes Socialistas de España. Esta resolución atribuye varias infracciones a Monllor y Lletí, como la “falsedad de los documentos y procesos orgánicos”, “la privación a otros/as militantes, por acción u omisión, de los derechos que tienen reconocidos sin la previa resolución del órgano competente” o “indisciplina reiterada en relación con las decisiones tomadas por los órganos de JSE” y, en esta línea, “actuación en contra de los acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección de JSE”.

En su recurso ante la Comisión Federal de Garantías, Monllor y Lletí solicitaron la nulidad total del expediente disciplinario, alegando que la Comisión Ejecutiva Comarcal carecía de competencias disciplinarias, que la resolución previa de la propia Comisión Federal ordenaba únicamente una investigación y no la apertura de expediente, y que se habían vulnerado garantías procedimentales y su derecho de audiencia. Asimismo, reclamaban la revocación íntegra del acuerdo por el que la ejecutiva federal había decretado su expulsión, la rehabilitación inmediata de su militancia y la suspensión cautelar de los efectos de la sanción.

La comisión federal rechaza estos argumentos y afirma que la Ejecutiva Comarcal de la Ribera del Xúquer es, en la práctica, equivalente a una ejecutiva nacional, regional o autonómica en el ámbito de Joves Socialistes del País Valencià, por lo que es competente para incoar expedientes disciplinarios conforme al Reglamento de Desarrollo de la Normativa Federal.

El órgano de garantías subraya, además, que la investigación de hechos susceptibles de sanción debe articularse necesariamente mediante un expediente sancionador, y que los expedientados dispusieron de un plazo de diez días para ejercer su derecho de audiencia y aportar las pruebas que consideraran oportunas.

Respuesta de los expulsados

Por su parte, la hasta ahora secretaria general de los jóvenes socialistas de Sueca y su compañero han estallado contra la cúpula de la organización juvenil socialista en la Comunitat Valenciana al denunciar una “maniobra organizativa irregular” que, según sostienen, ha acabado con su expulsión. Ambos vinculan esta decisión al “fracaso” de la moción de censura interna promovida contra ellos y reclaman responsabilidades a la dirección de JSPV que encabeza Benjamín Mompó.

Monllor y Lletí relatan que la crisis se desencadenó con la convocatoria de una asamblea extraordinaria que califican de “irregular” por haberse realizado sin respetar los plazos reglamentarios y con una mesa formada por personas directamente implicadas en el intento de relevarles de sus cargos.

Según su versión, a pesar de que el órgano federal terminó anulando esa asamblea y reconociendo que vulneraba la normativa interna, denuncian que la dirección comarcal, sin competencias disciplinarias, impulsó de oficio un expediente de expulsión que consideran “nulo de pleno derecho” y contrario a los Estatutos Federales.

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