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La Plataforma per la Sanitat Pública denuncia que la Ribera aún sufre las secuelas del 'Modelo Alzira' con un hospital "pequeño"

El colectivo denuncia que los usuarios son "las primeras víctimas" de este sistema de gestión y recuerda que incluso había dos teléfonos, uno para los pacientes del departamento y otro "directo" para facilitar la atención a personas de otras comarcas que Ribera Salud cobraba aparte

Concentración de la Plataforma ante el Centro de Salud Alzira II el pasado mes de noviembre.

Concentración de la Plataforma ante el Centro de Salud Alzira II el pasado mes de noviembre. / Pascual Fandos

Alzira

La Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública de la Ribera, que ha convocado para el próximo lunes una nueva concentración en Alzira para reclamar que finalicen las listas de espera, ha atribuido al denominado “Modelo Alzira”, la fórmula que puso en práctica por primera vez el PP en la Ribera en el año 1999 por la que se cedía la construcción y gestión de un hospital público al sector privado, que el centro sanitario no se dimensionara adecuadamente. La plataforma denuncia a raíz de la polémica destapada en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), al filtrarse un audio de un directivo en el que abogaba por incrementar las listas de espera para aumentar beneficios, que el hospital se construyó “pequeño” y pese a las ampliaciones que han elevado a 301 el número de camas “sigue siendo pequeño”.

La plataforma recuerda que “el negocio de la gestión de la salud de la ciudadanía por parte de Ribera Salud empezó en Alzira” y señala que, además de diseñar un hospital pequeño, la masificación que habitualmente presentaba el hospital -revertido a la sanidad pública en 2018 por el Govern del Botànic – era consecuencia de la “cantidad de especialidades” que no hay en hospitales comarcales, “que servían para captar pacientes de otras comarcas e incrementar los beneficios empresariales”. Este colectivo ciudadano repasa “otra técnica” que utilizó la empresa privada para atraer a mujeres embarazadas, que era ofrecer la anestesia epidural que no se facilitaba en los departamentos públicos, “pero que multiplicó el lucro de Ribera Salud”.

La plataforma señala que, como colofón, se instauraron incluso “dos teléfonos de contacto, uno para los habitantes de la Ribera, la cápita, y otro directo para las personas de otras comarcas”, que la empresa cobraba a parte de la población que tenía asignada, “y a las que ponían todas las facilidades para que acudieran a la Ribera”. “Por supuesto, estas patologías eran las más rentables: prótesis de cadera, de rodilla, cataratas, partos con epidural… Patologías que no solían tener complicaciones y que, si las tenían, las asumían en sus respectivos hospitales comarcales”, incide la plataforma.

Este colectivo recuerda el “fiasco” que resultó el modelo, que obligó a la Generalitat a rescatar la primera concesión y ampliar el importe que pagaba por cápita, que pasó de 204 euros a 379, incluyendo además del hospital la atención primaria en el contrato. “La Conselleria de Sanitat no disponía de unos 30 millones de euros que costaba construir el hospital nuevo -lo asumió la empresa en el contrato -, pero si pudo pagar 70 millones de euros a Ribera Salud” en el rescate de la concesión. Por otra parte, la plataforma recuerda que la Administración seguía asumiendo los gastos del transporte sanitario, ambulancias, prótesis, farmacia, transplantes, grandes quemdados… “todo eso que no es rentable”.

Con estos antecedentes, la Plataforma per la Sanitat Pública de la Ribera señala que las “primeras víctimas de este negocio” fueron los pacientes de la Ribera, al construirse un hospital demasiado pequeño para la población que atendía, “con una cama por cada mil habitantes cuando la media era de tres”, lo que limitaba las posibilidades de ingreso de pacientes y aumentaba las esperas en urgencias “o se daban altas más pronto”. Este problema se vio agravado por la afluencia de pacientes de otras comarcas, “para engrosar los beneficios de la empresa, dejando de invertir, directamente, en la sanidad pública”.

La plataforma señala que la “segunda víctima” de este modelo fue “la ciudadanía valenciana” que, incide, “observaba que sus impuestos se destinaban a beneficiar a las empresas privadas mientras se dejaba de invertir en el sistema sanitario público, deteriorándolo poco a poco”, y señala una tercera “víctima”, las cajas de ahorros valencianas, “que fueron obligadas a participar en la UTE y han desaparecido todas”.

El colectivo ciudadano denuncia que el control en el seguimiento del contrato “era inexistente” y que, de hecho, las unidades de comisionado, que eran las encargadas de vigilar, revisar y verificar que se cumplían los criterios de calidad asistencial y buenas prácticas, “con el tiemp pasaban a formar parte de Ribera Salud como gerente, las famosas puertas giratorias”.

“La privatización del sistema sanitario público solo es buena para que ganen dinero las empresas privadas”, señala la plataforma, que reclama al Gobierno valenciano que “abandone las políticas privatizadoras y defienda la sanidad pública”.

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