Multas de 3.000 euros y más controles buscan frenar el aumento de vertidos en Carlet

El Ayuntamiento de Carlet busca frenar el incremento de vertidos superiores a lo permitido a la red de alcantarillado detectado en los últimos años en zonas industriales y periurbanas. Para ello, ha renovado la ordenanza que los regula. El nuevo documento obliga a las empresas a disponer de un plan de autocontrol y establece sanciones que pueden llegar hasta los tres mil euros.

El municipio ya contaba con un documento que regulaba el servicio de alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales, pero «se había quedado antiguo», detalla el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Marí. Además, «algunos artículos podían conducir a confusión».

Más allá de la obsolescencia de la norma, el consistorio ha detectado un incremento de vertidos irregulares a los que busca poner freno por los diferentes problemas que representa. De igual modo, un estudio técnico realizado sobre la situación del alcantarillado y de la red de saneamiento revela que existen «puntos críticos asociados a vertidos irregulares».

El primero de estos problemas tiene que ver con la calidad de las aguas residuales que se envían a la depuradora. «Si no llega en unas determinadas condiciones, como suele decirse, se queman los lodos. Esto implica que debe pararse la maquinaria un par de días hasta que puede volver a trabajar, con los inconvenientes que representa», explica el edil.

El otro efecto, por tanto, que tiene el problema tiene que ver con las afecciones que genera en el medio ambiente, sobre todo en cauces y zonas de regadío. Además, revierte en posibles consecuencias para la salud pública o las infraestructuras de saneamiento municipal.

«La ordenanza se adapta mejor a la realidad de las aguas residuales del polígono industrial. La anterior, por ejemplo, obligaba a disponer de arquetas de medición en edificios que solo eran oficinas», expone Marí, que añade a continuación: «Nos hemos adaptado, también, a las demandas que nos planteaban los propios técnicos de la depuradora».

Problemas en la depuradora

Una de estas reclamaciones era la de trasladar a las empresas la necesidad de implantar un plan de autocontrol que incluya mediciones cada cierto tiempo. Si el consistorio detectase algún caso de incumplimiento, se instará a la industria en cuestión a adoptar las medidas correctoras pertinentes. En caso de que no se apliquen, se pondría en marcha el correspondiente procedimiento sancionador.

La norma establece multas que alcanzan los tres mil euros. Además, el ayuntamiento se guarda el derecho a denegar, de forma temporal, los permisos de vertidos de aquellas empresas que cometan infracciones muy graves.

Con todo, el objetivo primordial no tiene que ver con la cuestión económica. Se busca prevenir y minimizar los vertidos no autorizados a la red, aunque el consistorio también refuerza su capacidad para controlar y sancionar. «Recaudar no es el objetivo de ninguna norma, pero tenemos que contar con las herramientas oportunas para actuar ante quien no las respete. En este caso, el punto de partida lo saben todos: los vertidos residuales deben ser asimilables a los que realiza una unidad doméstica y así tiene que ser para evitar problemas en la depuradora o en el medio ambiente», concluye Marí.

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