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La demora en aplicar la recogida selectiva de orgánica amenaza con otro «tasazo»

La imposibilidad de reutilizar los restos procedentes del contenedor marrón como biorresiduo obligará a llevarlos a un vertedero y pagar por su depósito

Un contenedor de orgánica en Alcàntera, donde se aplica el puerta a puerta.

Un contenedor de orgánica en Alcàntera, donde se aplica el puerta a puerta. / PERALES IBORRA

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

"El coste de la tasa visibiliza el dinero que supone para los consorcios o para los ayuntamientos gestionar los residuos que generamos. Estamos ante un cambio de modelo y hay que tener en cuenta que llevar a cabo un recogida separada tiene un coste más caro". El gerente del Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna, Ángel Rodríguez, ya alerta a los vecinos y vecinas de los 51 municipios que forman parte del ente que la tasa -impulsada por una directiva europea que exige a los consorcios y ayuntamientos cubrir el coste íntegro del servicio y conocido popularmente como el "tasazo"- subirá "significativamente" durante los próximos años "si no se hacen las cosas bien".

La normativa europea sobre gestión de residuos ya recogía que al finalizar este año 2025 no se debía superar el 40 % de rechazo enviado al vertedero -el consorcio envía un 34,4 % de los residuos tratados- y el objetivo es que este porcentaje disminuya cada año. Así, en diez años, consorcios y ayuntamientos deben conseguir que solo el 10 % de los residuos vayan al vertedero. Por ello, el impuesto que se aplica a cada tonelada que se envía al vertedero incrementará "significativamente para que se gaste lo mínimo posible". En palabras del gerente, "ahora el impuesto por cada tonelada es de 30 euros, pero irá a más". Una parte importante de los residuos que hoy se compostan dejará de ser considerada bioresiduo y tendrá que acabar en el vertedero, lo que supondrá, a su vez, un aumento de costes. Solo la materia orgánica bien separada, la que va al contenedor marrón, contará como bioresiduo.

Rodríguez recuerda que existe una obligación legal de aplicar este sistema, por lo que "los municipios se encuentran en un momento crucial". Es consciente de que "es un cambio muy grande", por lo que "hay que incentivar a la gente para que separe y recicle". Añade: "Hasta ahora no nos habíamos movido porque no nos había afectado a nuestra economía, pero, si no conseguimos reducir lo que va al vertedero y hacemos mal las cosas, todavía será más caro".

Contenedor marrón

Solo una decena de los 51 municipios que forman parte del consorcio ya han implantado el contenedor marrón para la recogida selectiva de la matería orgánica a pesar de que existe una obligación legal desde el 30 de junio de 2022. De ellos, solo ocho lo hacen correctamente, es decir, los que implantaron en 2022 el sistema de recogida puerta a puerta -Sumacàrcer, Alcàntera, Antella, Càrcer, Sant Joanet, la Barraca d'Aigües Vives, Manuel, Llombai o Alfarb-.

El consorcio, por su parte, ya aprobó recientemente un aumento del 20 % de su presupuesto anual para el ejercicio 2026 con el objetivo de adaptarse a esta nueva normativa, que, entre las novedades, restringe el uso agrícola del material bioestabilizado, es decir, el material orgánico obtenido en la planta de Guadassuar a partir de los residuos mezclados del contenedor gris. Así, a partir de enero una parte deberá ser depositada en vertedero, un hecho que encarecerá el coste de tratamiento de los residuos mezclados. Por ello, el gerente pide a la ciudadanía que "actúe de manera correcta" y reitera que "hacerlo mal tendrá sus consecuencias".

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