Alginet sancionará con hasta 200.000 euros el matrato animal más grave

Ya sea para garantizar un trato decente de los animales o por cuestiones de salubridad, los ayuntamientos de la Ribera han implementado, en los últimos años, ordenanzas específicas para blindar sus derechos. Una de las últimas es también la que establece las sanciones más elevadas: hasta 200.000 euros contempla la norma aprobada por el gobierno de Alginet.

La ordenanza reguladora de la tenencia y protección de los animales de compañía y bienestar animal que plantea el ayuntamiento, y que se encuentra en estos momentos en fase de información pública, establece un régimen sancionador mucho más estricto que el de otros municipios de la comarca. La norma alzireña, por ejemplo, fija una multa máxima de 3.000 euros. En Cullera, en cambio, el baremo crece hasta los 18.000. Muy lejos, en cualquiera de los casos, de los 200.000 euros.

La norma nace con la vocación de regular las interrelaciones entre las personas y los animales en busca de conseguir «el mayor nivel de protección y bienestar a través de una tenencia responsable». De igual modo, otro de sus objetivos es reducir el abandono a través de la promoción de la defensa y protección de los animales, así como inculcar una pedagogía de respeto y preservación de la salud.

Rangos de gravedad

Según el documento publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de València, el ayuntamiento prevé tres rangos de sanciones, según el nivel de la infracción: las leves se pueden castigar con multas de entre 500 y 10.000 euros; las graves, con pagos de entre 10.001 y 50.000; mientras que las más graves oscilan entre los 50.001 y los 200.000 euros.

¿Y qué considera la ordenanza como infracciones muy graves? Todo tipo de acciones. Desde el abandono animal, hasta el maltrato con agresiones físicas o psíquicas de consideración. También el sacrificio (a excepción de que existan motivos sanitarios o de seguridad certificados por un informe veterinario). Igualmente, figuran en este apartado aspectos como la venta ambulante, la cría y comercialización sin licencia, el suministro de drogas, fármacos o alimentos que contengan sustancias que puedan resultar hirientes, el uso de animales de compañía en peleas u otras actividades que indiquen crueldad o maltrato o, entre otros ejemplos, la esterilización o práctica de mutilaciones sin que exista un control veterinario.

Al respecto, la norma municipal hace hincapié en que para graduar las sanciones se tendrán en cuenta, además de las propias acciones, criterios como la intencionalidad, la trascendencia social, el perjuicio causado, la reiteración o el ánimo de lucro ilícito (y el beneficio obtenido con la comisión de la infracción).

Confiscación

Asimismo, el reglamento contempla la posibilidad de decomisar o confiscar animales de compañía en aquellos casos en los se detecte que habitan en instalaciones indebidas, que sufren maltrato, que provocan molestias de forma reiterada o que se detecten enfermedades sin tratamiento que puedan transmitirse a los humanos.

El reglamento llega unos diez meses después de que el ayuntamiento denunciara e investigara un caso de envenenamiento de gatos en la colonia de l’Hort de Feliu es una de las seis que el consistorio supervisa para garantizar la salubridad en el casco urbano. Alrededor de una decena de animales murieron, mientras que otros se recuperaron a duras penas tras el correspondiente tratamiento veterinario. Ya entonces, el gobierno municipal se mostró contundente a la hora de condenar el caso de maltrato, que calificó de «intolerable». Situaciones como esa tendrán ahora unas sanciones ejemplarizantes.

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