La Audiencia Provincial reabre el caso por supuestas amenazas de muerte al jefe de policía de l'Alcúdia

La Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto el caso por presuntas amenazas de muerte contra el jefe de la Policía Local de l’Alcúdia, Alfredo Borrás, por parte de un agente de la plantilla que el Tribunal de Primera Instancia de Carlet archivó hasta en dos ocasiones. La jueza estima que no se practicaron las diligencias suficientes como para proceder al sobreseimiento.

Los hechos denunciados ocurrieron, supuestamente, hace un año. Según la querella presentada, el 11 de diciembre del pasado año, un agente del cuerpo policial de l’Alcúdia se marchó de casa tras una discusión familiar, dejando una nota de despedida, sin teléfono ni documentación. Fue su mujer la que denunció la desaparición en el cuartel de la Guardia Civil de Alberic, municipio en el que encontraron al policía.

Armas confiscadas

Fue trasladado, primeramente, al centro de salud. Allí, según consta en el parte de servicio, el susodicho manifestó que quería «matar al jefe de la Policía Local de l’Alcúdia porque le estaba haciendo la vida imposible en el trabajo». A la mañana siguiente, se le confiscó el arma oficial y la Guardia Civil se personó en su domicilio para retirarle, también, las tres escopetas y una pistola Walther 9mm Parabellum que poseía, aunque esta última no se localizó.

Más tarde, aquel mismo 12 de diciembre, el agente abandonó nuevamente su hogar. Acto seguido, según la denuncia, se sucedieron dos hechos que encendieron todas las alarmas. Por un lado, el padre del querellado se personó en el retén policial y manifestó «que no reconocía a su hijo, que se había metido entre los campos y que venía directamente a matar al jefe». Por otro, su mujer llamó por teléfono a un compañero del cuerpo para trasladarle un mensaje similar, al asegurar que su marido «se había trastornado e iba a por el jefe».

Tras lo ocurrido, la Guardia Civil desplegó un dispositivo preventivo al entender que existía una situación de amenaza. Una patrulla se personó en el retén y otra en el domicilio del intendente de la policía, que fue a por sus hijos al colegio al temer también por su seguridad.

La querella se archivó hasta en dos ocasiones, pero un nuevo recurso ha conseguido reabrir el caso. En paralelo, el agente denunció a su superior por un presunto caso de acoso laboral, cuyo procedimiento sigue abierto por la vía administrativa. En el último escrito presentado ante la Justicia, se apeló a que el sobreseimiento «minimiza el riesgo real» y que se habían agotado las diligencias esenciales, al no haberse tomado declaración ni al querellado, ni a los familiares que alertaron a las autoridades, ni a otros posibles testigos, por lo que «el juzgado anticipó un juicio absolutorio sin agotar la instrucción». La jueza de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, por su parte, considera que el archivo de la causa «se aprecia como precipitado» antes de la «necesaria práctica de diligencias mínimas».

«Año monstruoso»

El intendente de la Policía Local de l’Alcúdia explica a Levante-EMV que, llegado este punto, solo aspira a «que se conozca la verdad» tras haber pasado «un año monstruoso». Asegura haber sido víctima de una campaña de acoso y desprestigio en redes sociales, que se une la ya de por sí delicada situación con su subalterno. «Esto se podría haber evitado con una simple conversación, si tenía un problema, podía haber pedido ayuda y habríamos mirado la forma de buscar una solución. No era necesario llegar a este extremo, ahora que hable la Justicia», concluye Borrás.

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