La municipalización del agua en Montserrat deja en el limbo a urbanizaciones de Real

Los vecinos y vecinas de los diseminados de la Paridera y la Serreta, en el término municipal de Real, llenan durante estos días sus casas de botellas y bidones de agua tras recibir un aviso de la empresa suministradora, en el que les informan de que no podrá seguir prestando el servicio de agua potable, ya que el Ayuntamiento de Montserrat ha expropiado la red de agua potable. La expropiación se lleva a cabo tras un largo proceso de más de dos décadas con el objetivo de municipalizar el servicio de abastecimiento de agua potable y prestarlo, así, por gestión indirecta. La resolución desatasca, a su vez, un largo procedimiento para regularizar el servicio de agua potable que el ayuntamiento y en el que se han sucedido los recursos contra cada acuerdo, contenciosos e incluso una querella criminal.

Sin embargo, esta municipalización del servicio deja en el limbo a los residentes de estos diseminados situados en terreno rústico y sin urbanizar, ya que Montserrat ha adquirido la red de esta empresa que les prestaba agua, pero las parcelas pertenecen a Real. En la misiva, la mercantil ya alerta de que las redes de suministro pasarán a ser titularidad del ayuntamiento y, por lo tanto, «será material y físicamente imposible, por causa de fuerza mayor y por motivos ajenos, seguir prestando el servicio de suministro domiciliario de agua potable que le veníamos prestando». Desde el pasado 17 de noviembre, los afectados están sufriendo cortes en el servicio, que temen que se agraven todavía más. «Estamos teniendo cortes puntuales, pero llegará el día que nos quedemos sin agua», explica uno de los afectados.

La mercantil añade en la comunicación que «para poder seguir prestándoles el servicio de suministro domiciliario de agua sería preciso que el Ayuntamiento de Montserrat, titular de las redes, autorizara y permitiera expresamente a esta mercantil el uso compartido de la red que expropia y que discurre a través del ámbito territorial del municipio de Montserrat, que es la única vía posible para hacer llegar el agua a los vecinos». Sin embargo, esta situación no se ha producido, ya que, como señala el alcalde de Montserrat, Sergio Vilar, «no podemos prestarle agua a los vecinos de otro municipio».

Vilar reitera el «gran trabajo que se ha llevado a cabo durante estas dos décadas para expropiar la red» y añade que «no podemos permitir que se haga negocio con nuestras redes de agua». Ante esta situación, el primer edil indica que se reunirá con el alcalde de Real para buscar una solución. «Real debe pagarles el agua porque están allí. El ayuntamiento no les puede cortar el agua porque es un derecho adquirido, pero hay que buscar la manera de prestar servicio, ya sea que ellos les proporcionen la red o que nosotros instalemos un contador para que Real lo abone», afirma.

Tanto Vilar como el alcalde de Real, Gerardo López, recuerdan que estos diseminados se encuentran «en terreno rústico y sin urbanizar», por lo que no pueden disponer de los mismos servicios si no se asumen las obras de urbanización.

«Hay que urbanizar»

López insiste en que el ayuntamiento ya les ha comunicado a los afectados que «no se les puede dotar de servicios porque no son terrenos urbanos, por lo que tendrían que asumir los costes, que oscilan en torno a los 70.000 euros por vivienda y ceder parte de sus parcelas, para llevar a cabo las obras». Añade: «Más del 80 % se opuso en su momento».

Ante esta situación, el primer edil de Real reitera que «si Montserrat ha expropiado el servicio y los pozos y los ha adquirido, ahora tiene que hacerse cargo de esto también». El alcalde reconoce que ha intentado buscar soluciones con los técnicos del ayuntamiento, pero «no podemos incumplir la ley». «No pueden pedirnos a nosotros que les paguemos el agua o se la demos porque no es nuestra red y, además, no están urbanizados, por lo que podría tener consecuencias penales para nuestro ayuntamiento». Ambos alcaldes son conscientes de la situación en la que se encuentran las viviendas, aunque parece ser que el camino para llegar a un acuerdo será largo. «Uno nos dice que somos terreno rústico y el otro que no es su competencia. Nadie se hace cargo y terminaremos quedándonos sin agua», denuncia el afectado.

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