El tripartito de Alzira, entre la causa por acoso y la resistencia política

La reapertura de la causa judicial por un presunto caso de acoso contra el portavoz de UCIN y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Alzira, Enrique Montalvá, y la divulgación de los comentarios machistas y de índole sexual que la concejal Mar Chordá ha plasmado en su denuncia han sacudido al tripartito alzireño (Compromís, PSOE y UCIN) al comienzo de un año que encara el tramo final del mandato y amenaza con mantener agitada la vida política en los próximos meses a la espera de una resolución de los tribunales.

Ens Uneix, a través de la vicepresidenta de la diputación y responsable del área de Igualdad, Natàlia Enguix, ha vuelto a arropar a la concejal denunciante y ha aumentado la presión sobre Montalvá, al reclamar públicamente su destitución. El tripartito, por su parte, ha cerrado filas con Montalvá, que niega las acusaciones, y vislumbra tras la denuncia una maniobra auspiciada por Ens Uneix para propiciar un cambio de gobierno. El acusado no duda en señalar que fue su negativa a romper el pacto con Compromís y PSOE para activar una moción de censura lo que precedió a la denuncia de Chordá en diciembre de 2024.

El juzgado número 4 del Tribunal de Instancia de Alzira ha reabierto la causa cuando se cumplía un año del auto de sobreseimiento provisional al atender los recursos de Chordá y de la fiscalía, que considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de vejaciones. Chordá amplió en junio la denuncia con la incorporación de nuevos comentarios de índole sexual que atribuye a Montalvá. La resolución que dicte el juzgado marcará el futuro político del portavoz de UCIN y de la actual coalición de gobierno, aunque cualquier otra mayoría se presume improbable con la actual composición del Ayuntamiento de Alzira.

El concejal número once

La destitución de Mar Chordá como miembro del gobierno municipal en noviembre de 2024 tras votar en contra de una propuesta que pedía la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la dana sacó a la luz la fractura abierta en UCIN y dejó al tripartito con los once concejales que marcan el límite de la mayoría absoluta en una corporación que cuenta con 21 concejales.

Montalvá, que se ha mostrado firme en mantener la palabra dada a sus socios, se convertía en un eslabón clave, a pesar de que articular una mayoría alternativa por parte de las fuerzas conservadoras obligaría a volver a sentar juntos al edil con la concejal que le ha denunciado, pero también con dos partidos con los que ha roto en su trayectoria política reciente, el PP, que cuenta con seis concejales, y Vox (2), en el primero de los casos con duras acusaciones durante la campaña electoral.

Ens Uneix, en pleno proceso de expansión, niega cualquier intento de derribar al gobierno y defiende que la propia Mar Chordá ha manifestado que el actual ejecutivo no estaría en peligro con una hipotética destitución de Montalvá. Natàlia Enguix mantiene que lo que reclama es que se aparte al concejal acusado por acoso y se proteja a la víctima.

Tanto el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, como la portavoz del PSPV-PSOE, Gemma Alós, han arropado a Montalvá al defender que tras las acusaciones hay una maniobra de derribo al actual gobierno auspiciada por Ens Uneix -Alós ha manifestado que incluso el exasesor de UCIN Antonio Pelayo le ofreció la alcaldía de Alzira tras la negativa de Montalvá– y han cuestionado el relato de los hechos de Chordá, que asegura que alertó tanto a Domínguez como Alós de la situación que vivía, un extremo que ambos niegan.

La juez incluye en el auto de reapertura de la causa su decisión de tomar declaración al investigado, Enrique Montalvá, y a una serie de testigos propuestos por Chordá, entre los que figuran el exsecretario de grupo de UCIN en el ayuntamiento, Héctor Rosell, o el propio Antonio Pelayo, ambos alineados con Chordá, así como otros exafiliados ahora enfrentados a Enrique Montalvá, así como los secretarios de varios grupos políticos del ayuntamiento.

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