Antifraude emplaza al Ayuntamiento de Favara a anular la contratación de los hijos de la alcaldesa y una edil del PP

La Agencia Valenciana Antifraude ha emplazado al Ayuntamiento de Favara a revisar de oficio el nombramiento como funcionarios interinos de los hijos de la alcaldesa, la popular Pilar Sala, y de la ya exconcejal Ester Ciscar -formalizó su renuncia al cargo a finales de diciembre con acusaciones de una campaña de presiones, acoso y amenazas– para trabajar como monitores de tiempo libre, al considerar que su contratación por parte del consistorio incurre en dos causas de nulidad: vulneración de los requisitos esenciales en la creación del programa, al haberse omitido al justificación expresa de las causas de extraordinaria y urgente necesidad que fundamentan su adopción y por vulneración de los requisitos esenciales en el nombramiento de los funcionarios interinos prescindiendo de la normativa aplicable en materia de función pública.

La resolución del director de la Agencia Antifraude responde a una denuncia presentada por Compromís el 25 de enero de 2025 por presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas por el ayuntamiento. Se da la circunstancia de que la bolsa de trabajo que propició la contratación de los hijos de Sala y Císcar se había constituido antes del cambio de gobierno -la dimisión del alcalde José Francisco Vicedo por la crisis interna de Compromís propició la elección de la popular Sala en un gobierno en minoría-, pero la contratación se produjo ya con el PP al frente del ayuntamiento tras la renuncia al puesto de los aspirantes que habían quedado por delante en la baremación.

La formación valencianista acusó a la alcaldesa, María Pilar Sala, y a la entonces edil popular Ester Císcar de haber utilizado un programa municipal para “enchufar” a sus hijos, sorteando los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. 

Tras hacerse pública la denuncia y sus contenidos, el Partido Popular de Favara respondió con un comunicado oficial en el que calificaba de “bulo” y “mentira descarada y sin ningún fundamento” las acusaciones de Compromís. En ese texto, los populares defendían que los hijos de Sala y Císcar contaban con la titulación necesaria y que habían accedido a sus puestos de trabajo “de manera legal” antes de que ellas asumieran responsabilidades de gobierno, denunciando una campaña de “difamación” y de “mentiras y odio”. 

El escrito de la Agencia Antifraude, al que ha tenido acceso este diario, detalla que la denuncia de Compromís dio lugar a la apertura de un expediente por “presuntas irregularidades en la contratación de personal”. Tras las actuaciones de investigación, el director de la Agencia dictó la resolución en la que formula varias recomendaciones al Ayuntamiento de Favara por la “irregular creación” de un programa temporal y la contratación de personal con cargo al mismo. 

La resolución advierte de que la creación del programa en cuestión al que accedieron los hijos de las ediles carecía de la justificación expresa de las causas de extraordinaria y urgente necesidad exigida por la Ley 39/2015, lo que vulnera un requisito esencial del procedimiento administrativo. Además, señala que los nombramientos como funcionarios interinos se realizaron prescindiendo de la normativa de función pública valenciana y del Estatuto Básico del Empleado Público, lo que podría comportar causas de nulidad de pleno derecho. 

Como primera medida, la AVAF sugiere al consistorio que abra un procedimiento de revisión de oficio tanto del programa como de los nombramientos efectuados, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 39/2015. El organismo recuerda que, sin perjuicio de esa revisión, podrían derivarse responsabilidades para el personal al servicio de la administración si se acreditan las prácticas irregulares detectadas. 

La segunda recomendación se centra en el futuro y reclama la aprobación de un protocolo de actuación para gestionar los conflictos de interés en las decisiones que afecten a los procesos de selección de recursos humanos. 

La Agencia busca así asegurar el cumplimiento de las causas de abstención previstas en la Ley 40/2015 y “afianzar la confianza en la imparcialidad de los procedimientos administrativos”, instando a seguir las guías y manuales de prevención de riesgos de corrupción publicados en su página web.

El Ayuntamiento de Favara dispone de tres meses desde la recepción de la resolución para comunicar a la AVAF si acepta las recomendaciones o justificar por qué no las aplica. La Agencia declara concluida la fase de investigación y abre un periodo de seguimiento para verificar el grado de cumplimiento de las medidas, mientras el pulso político entre Compromís y el PP continúa marcado por acusaciones cruzadas de manipulación, difamación y desinformación.

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