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"Será más cómodo, pero las víctimas de violencia de género de la Costera no tendrán la sala especializada que se buscaba"

El decano del Colegio de Abogados de Alzira valora que no es una buena noticia para las víctimas la devolución a Xàtiva de los casos de violencia sobre la mujer

Considera como aspecto positivo que la mejor carga de trabajo ayudará a descongestionar el juzgado, que mantiene las competencias sobre los partidos de Alzira y Carlet

Una agente de la Guardia Civil entra en el juzgado de violencia sobre la mujer de Alzira.

Una agente de la Guardia Civil entra en el juzgado de violencia sobre la mujer de Alzira. / Perales Iborra

Alzira/Xàtiva

El decano del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, ha comentado sobre la devolución a los juzgados de Xàtiva de los casos de violencia de género que contempa el Gobierno central, como ayer adelantó Levante-EMV, que si bien la proximidad es un factor importante y la presencia de una sala en Xàtiva evitará desplazamientos a los usuarios y profesionales, a su juicio, retroceder a la situación anterior cuando se había buscado una atención especializada a las víctimas de violencia de género no es una buena noticia, ya que no tendrán un juzgado específico. En una primera valoración, no obstante, apunta que el traslado de las competencias del partido judicial de Xàtiva contribuirá a descongestionar una sala que soportaba «una carga de trabajo importante».

El Gobierno Central prepara el regreso de las competencias en materia de violencia de género a la sede judicial de Xàtiva tres años después de haber trasladado a un nuevo juzgado especializado creado en Alzira los casos que afectan a las víctimas de la Costera y la Canal de Navarrés, en medio de una gran polémica en la capital de la Costera. La nueva sala atiende también desde su creación los casos del partido judicial de Xàtiva.

La medida que reivindican desde 2023 los operadores jurídicos de la Costera, las asociaciones de mujeres, el Ayuntamiento de Xàtiva y la Conselleria de Justicia figura plasmada en un proyecto de Real Decreto promovido por el Ministerio de Justicia que contempla la creación de 500 unidades judiciales en toda España correspondientes a la programación de 2026, junto con la adecuación de la planta judicial.

El texto en tramitación, que únicamente debe ser ratificado por el Consejo de Ministro antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, modifica la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alzira que se aprobó a finales de 2022 para limitarla a dicho partido judicial y al de Carlet, excluyendo así de la agrupación intercomarcal al partido judicial de Xàtiva.

Sin juzgado especializado

La normativa de rango estatal no prevé la creación de un nuevo juzgado especializado en la capital de la Costera. Los asuntos de violencia de género y violencia sexual cuando la víctima sea mujer volverán a ser asumidos con carácter exclusivo, pero no excluyente, por la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Xàtiva, como antes del cambio introducido en 2023. Sin embargo, el real decreto dota una nueva plaza judicial en dicha sección «con la finalidad de garantizar que el Tribunal de Instancia de Xàtiva cuente con los medios necesarios para asumir de nuevo esta competencia».

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alzira conservará su competencia sobre todos los procedimientos de violencia de género y violencia sexual procedentes del partido judicial de Xàtiva que se encuentren pendientes de resolución antes de que se pongan en marcha los nuevos cambios.

La centralización de los casos en la capital de la Ribera generó protestas en la Costera por el agravio para las víctimas que supuso el alejamiento de la justicia, pero también por el elevado nivel de saturación que presentaba el juzgado recién constituido en Alzira. Mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil también advirtieron de que los desplazamientos de agentes para conducir a los detenidos a Alzira reducen los efectivos disponibles y merman las tareas de vigilancia.

La decisión del ministerio ha despertado las primeras reacciones políticas. A juicio del PSPV de la Costera-Canal, se corrige «una situación injusta que durante años ha supuesto un grave perjuicio para las mujeres» de ambas comarcas, señalan.

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