Los alcaldes rechazan que la CHJ les obligue a asumir el mantenimiento de la mota de defensa
Alertan de que los ayuntamientos no tienen recursos para asumir ese trabajo y advierten de que no se les puede obligar

Estado en que quedó la mota de protección de Riola con la crecida del Xúquer el día de la dana. / Perales Iborra
«Es inviable, aunque quisiéramos, no podemos. Estamos hablando de una cantidad de recursos que los ayuntamientos no tenemos». La alcaldesa de Riola, Judit Capellino, no es la única responsable municipal que rechaza de plano que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) descargue en los ayuntamientos el mantenimiento y conservación de la mota de protección del Xúquer. Tanto el alcalde de Polinyà, Òscar Navarro -de Esquerra Unida como Capellino-, como el de Albalat de la Ribera, el socialista José Antonio Roig, no contemplan una opción que consideran inasumible.
«Nadie pensaría que el Ayuntamiento de Tous es el que tiene que hacerse cargo del mantenimiento de la presa"
Especialmente crítico se muestra Navarro. «Nadie pensaría que el Ayuntamiento de Tous es el que tiene que hacerse cargo del mantenimiento de la presa. No vamos a asumir el mantenimiento de un infraestructura que construyó el Estado para proteger a estos municipios, pero que no es nuestra», señala el alcalde de Polinyà, que advierte de que ningún municipio aceptará esta imposición y se muestra firme al señalar que «no hay nada que nos obligue». «Después del temporal Gloria, en 2020, la Confederación hizo unas obras de emergencia en las que repuso la parte de arriba de cordón y cuando acabó vino a los ayuntamientos para que le firmáramos un acta de recepción de las obras y nos negamos. No hay nada que nos obligue a hacer eso», incide Òscar Navarro, mientras detalla que solo en Polinyà la mota tiene unos nueve kilómetros de longitud.
"Recursos que no tenemos"
«Es una infraestructura pensada para la defensa de los municipios que necesitaría de una revisión continua que no se hace, y que la CHJ no hace. Estamos hablando de una cantidad de recursos que las administraciones locales no tenemos», apostilla Navarro.
También el alcalde de Albalat expresa su rechazo a que los ayuntamientos tengan que asumir el mantenimiento de la mota. «Resulta inaudito cuando para cualquier cosa que queremos hacer en el cordón tenemos que solicitar autorización a la CHJ. ¿Cómo tenemos que gestionar el mantenimiento de la mota si ha sido la CHJ la que, después de la dana, ha invertido más de dos millones en construir tres muros de escollera en zonas que se habían desprendido. Los pueblos no tenemos capacidad para asumir eso», reitera Roig.
Una relación de preguntas elevada por la concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Riola Obdulia Capellino a la CHJ para que informara sobre quién tiene la competencia de conservación de la mota que se rompió en la dana ha abierto el debate. Una respuesta firmada por el jefe de sección y el jefe de área de la CHJ señala que las motas de protección frente avenidas del término de Riola, así como los terrenos sobre los que se sitúan, «no son de titularidad estatal, por lo que no es competencia de este organismo el mantenimiento y conservación ordinaria».
Obdulia Capellino ha cargado contra la inacción municipal al entender que si la competencia no es de la CHJ, corresponde al ayuntamiento, hasta el punto de reclamar responsabilidades políticas a la alcaldesa de Riola.
Judith Capellino ha replicado que no puede asumir una responsabilidad política «de algo que no me corresponde» ya que considera que el mantenimiento de la mota es competencia de la Confederación Hidrográfica.
Òscar Navarro considera que la crítica vertida por Compromís contra la alcaldesa de Riola denota una «fijación personal» y reitera que no se puede imponer a los ayuntamientos esta obligación. «Si nos obligan, que nos den por ley las competencias pero también los recursos necesarios. Pero el cordón no está solo en Polinyà, Riola o Albalat, también en Alzira, Sueca... cómo tiene que depender la seguridad de un municipio de que otro haga bien el mantenimiento de su cordón. Si se rompe por Alzira o Algemesí afecta a Polinyà. Mientras no haya una ley no tenemos esa competencia», concluye.
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