Alzira
Cultura supedita el centro Jaume I a crear una comisión especializada a cuatro meses de tener que devolver 2,3 millones
El Consell cuestiona también la aplicación del Pla Especial de Protecció del Centre Històric 'La Vila' para salvaguardar el patrimonio a pesar de que lo aprobó en 2018

Vista aérea durante una campaña de excavaciones arqueológicas en la Casa Real. / Levante-EMV

La Conselleria de Cultura ha reclamado al Ayuntamiento de Alzira la constitución de una comisión técnica especializada para desbloquear el proyecto de construcción de un centro museístico dedicado a la figura del rey Jaume I sobre los restos de la que fue su casa durante sus numerosas visitas a la ciudad. La petición llega a cuatro meses de que venza el plazo del que disponía el consistorio para ejecutar la obra. La actuación estaba financiada por una subvención europea de más de dos millones de euros que deberá ser reintegrada.
Según ha podido saber Levante-EMV, el área cultural del gobierno valenciano contestó el pasado 19 de enero a las diversas solicitudes realizadas por el ayuntamiento durante los últimos meses de 2025 para desbloquear un proyecto que, desde verano, se encuentra paralizado. Tanto a finales de 2024, como especialmente durante el primer tramo del pasado año, las administraciones autonómica y local trabajaron codo con codo para revisar y modificar el proyecto de ejecución para garantizar la mejor integración y la menor afección al patrimonio.
Cruce de acusaciones
Sin embargo, en julio del pasado año, los avances cesaron y comenzaron las diferencias entre ambos organismos. Ambos organismos se responsabilizaron por la parálisis del proyecto y, hasta la fecha, no se ha producido ningún avance significativo.

Exterior de la antigua casa de Jaume I en Alzira. / PERALES IBORRA
El gobierno municipal ha intentado por diversas vías conseguir la autorización para iniciar las obras, aunque jamás ha tenido éxito. Se ha amparado en un informe externo, realizado por el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, que avala el reducido impacto sobre los restos arqueológicos de mayor valor. También se ha retirado la denuncia que el arquitecto redactor del proyecto básico presentó contra el proyecto de ejecución por desviarse del documento inicialmente aprobado. A ello se suman diversas peticiones de reunión con el por entonces conseller de Cultura, José Antonio Rovira, que no obtuvieron respuesta.
La única respuesta por escrito que ha obtenido el ayuntamiento en todos estos meses se remitió el 19 de enero. En ella, la conselleria de Cultura insta a constituir una comisión técnica especializada "con el fin de asegurar que las decisiones adoptadas se fundamenten en criterios expertos y en una visión integral orientada a la salvaguarda, protección y rehabilitación del patrimonio cultural". Una petición que se produce a escasos meses de que concluya el plazo marcado por la línea de subvenciones del Plan Xacobeo para la ejecución de la obra. Al no haberse completado el mínimo exigido del 60%, el consistorio deberá devolver una ayuda económica de más de dos millones de euros.
"Bloqueo político"
Igualmente, el documento remitido por la directora territorial de Educación, Cultura y Universidades plantea la existencia de "dudas" con respecto a "la utilización de la normativa municipal, Pla Especial de Protecció del Centre Històric 'La Vila', como fundamento jurídico de los informes emitidos, en detrimento de la aplicación del régimen previsto en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y en la Ley de Patrimonio Histórico Español, necesario para garantizar la protección del Bien de Interés Cultural". Un conflicto normativo que, a priori, no existía en el año 2018, cuando la Generalitat aprobó del documento que regula cualquier actuación en el casco antiguo de la ciudad.

La actuación para construir un museo dedicado a Jaume I sigue paralizada. / Perales Iborra
El gobierno municipal todavía no ha respondido a este último escrito. En el pasado, no obstante, ha expresado su malestar en diversas ocasiones por lo que ha considerado un "bloqueo político" a la ejecución de inversiones importantes en la ciudad, puesto que no es la única actuación prevista que requería del aval autonómico que ha quedado paralizada sin que, a su juicio, existan motivos técnicos que así lo justifiquen.
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