El tribunal de contratos administrativos avala que Cullera exija el uso del valenciano a un licitador foráneo
El órgano considera que "el respeto de la normativa lingüística vigente" no puede considerarse una "carga" para empresas que no sean de la Comunitat Valenciana

Jordi Mayor, alcalde de Cullera, en una imagen de archivo. / Perales Iborra
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) lo tiene claro: que el Ayuntamiento de Cullera reclame a una empresa de fuera de la Comunitat el uso del valenciano en un concurso público no puede considerarse una carga. El organismo no aprecia falta de proporcionalidad, aunque sí que insta al consistorio a reformular los pliegos para que no existan ambigüedades.
El conflicto surgió a raíz del contrato para establecer el sistema de ADN canino para el control de heces en el municipio. Se consideró que, más allá de la prestación de dicho servicio, para garantizar su eficacia debía ir acompañado de campañas de sensibilización y concienciación. Entre los pliegos figuraba la exigencia de redactar tanto un borrador de ordenanza "como mínimo en valenciano". También la necesidad emitir comunicaciones dirigidas a los vecinos en ambas lenguas cooficiales, aunque con preferencia del valenciano.
Discriminación
Una de las empresas que aspiraba a hacerse con el contrato impugnó los pliegos del lote 3 del contrato, en el que aparecían estos requisitos, al considerar que se producía una discriminación.
Aunque el propio ayuntamiento reconoce que sería contrario a la doctrina constitucional otorgar un trato preferente al valenciano, sí que se considera lícito reclamar que estas comunicaciones sean bilingües, dada la cooficialidad de ambas lenguas.
Discrecionalidad municipal
Por ello, el TACRC concluye que está dentro de la discrecionalidad municipal configurar el servicio con campañas informativas bilingües y que no aprecia falta de proporcionalidad. Del mismo modo, afirma expresamente que no puede considerarse una carga para empresas no radicadas en la Comunitat Valenciana "el respeto de la normativa lingüística vigente" en el ámbito autonómico correspondiente.
Con todo, sí que insta al consistorio a reformular estos puntos para no incorporar preferencias idiomáticas y a realizar un ajuste económico en el presupuesto previsto del servicio para que tenga en cuenta los costes de realizar campañas y comunicaciones en ambas lenguas, por el incremento de trabajo y recursos que supone su redacción, maquetación o traducción.
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