Alzira activa la ordenanza que contempla multas de 3.000 € por tener solares sucios
El ayuntamiento realizará inspecciones periódicas y establece unas normas muy claras sobre el estado que deben tener los terrenos no edificados para evitar focos de insalubridad

Solares no urbanizados en la zona de Tulell, en una imagen de archivo. / Perales Iborra
La ordenanza municipal de limpieza y vallado de solares ya está en vigor en Alzira. Y eso cambia el escenario: desde este momento, el Ayuntamiento puede exigir el cumplimiento de las obligaciones de conservación y, si no se atienden, aplicar el régimen sancionador, con multas de hasta 3.000 euros para los propietarios de terrenos urbanos no edificados que permanezcan en mal estado.
La norma establece por primera vez un marco claro de condiciones, plazos e inspecciones para solares de uso residencial e industrial, con el objetivo de garantizar seguridad, salubridad y ornato público y evitar que estos espacios se conviertan en focos de suciedad, plagas o riesgo para el entorno.
El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, defiende que la entrada en vigor permite “avanzar en la mejora de la calidad urbana”, al fijar “condiciones claras” y “medidas concretas y efectivas” para que los solares se mantengan en condiciones adecuadas. “Para tener una ciudad más cuidada, segura y respetuosa con el vecindario, es fundamental que los propietarios se hagan cargo de su deber de conservación y mantenimiento”, señala.
Qué obliga a hacer la nueva norma
La ordenanza regula cómo deben mantenerse las parcelas en aspectos clave como la limpieza de solares, el vallado de parcelas, el control de agua embalsada y la retirada de escombros y residuos de cualquier tipo. También contempla, cuando proceda, desinsectación y desratización, además de la poda y/o eliminación de árboles.
Uno de los límites más concretos es el de la vegetación: no se permitirá que la maleza y las cañas superen los 40 centímetros de altura, un punto relevante para prevenir situaciones de insalubridad y reducir riesgos.
La obligación deberá cumplirse al menos una vez al año, en el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de mayo. Además, el ayuntamiento prevé inspecciones periódicas: una vez transcurrido ese plazo, seis meses después y de manera regular durante el año, para comprobar el estado de los terrenos y solares.
Sanciones y órdenes de ejecución
Con la ordenanza activa, el incumplimiento conlleva sanciones económicas que pueden alcanzar los 3.000 euros. A esta vía se suma la posibilidad de dictar órdenes de ejecución individualizadas para obligar a los propietarios a realizar las actuaciones necesarias.
La norma también regula el supuesto de ejecución subsidiaria: si el ayuntamiento tiene que actuar porque el propietario no cumple, podrá ejecutar los trabajos y repercutir el coste.
En ese caso, se actualizan los precios por metro cuadrado, que serán los que establezca el Instituto Valenciano de la Edificación en el momento de valorar la actuación. Ese importe, además, no excluye la sanción correspondiente por el incumplimiento.
Aviso a reincidentes
La ordenanza introduce un último mecanismo de presión: el incumplimiento reiterado podrá suponer la inclusión de la propiedad en el registro municipal de solares y terrenos a edificar, un instrumento orientado a reforzar la disciplina urbanística y el deber de conservación.
Con la entrada en vigor, el consistorio gana una herramienta para actuar frente a solares abandonados, con acumulación de residuos o vegetación descontrolada, una de las situaciones que más quejas genera en barrios y zonas industriales, especialmente en los meses de mayor calor.
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