La Guardia Civil se despliega en Castelló en su lucha contra la trata de personas y la explotación laboral en el campo

La Guardia Civil se ha desplegado este miércoles a primera hora de la mañana en el linde de los términos municipales de Castelló y Càrcer en un dispositivo de lucha contra la explotación laboral en el campo y la trata de seres humanos, en el que también participa la Inspección de Trabajo con el objetivo de verificar que todos los empleados agrícolas que participan en la campaña de la naranja tienen la documentación en regla, están dados de alta en la Seguridad Social y perciben el salario que les corresponden.

Los agentes han identificado en este control rutinario a 19 jornaleros, mayoritariamente de origen paquistaní, que trabajaban para una cooperativa sin ninguna incidencia desde el punto de vista policial. En el dispositivo ha participado la Patrulla Rural de Compañía (PCR) de Sueca, con ocho agentes, y efectivos de la unidad Roca (robos en el campo), que es la que en base al conocimiento del territorio y los trabajos en cada época del año determina dónde se realizan los controles, con el apoyo de una unidad aérea que ofrece una visión más amplia del dispositivo y permite evitar cualquier intento de fuga, que no se ha producido. De hecho, en el proceso de identificación de los trabajadores se ha comprobado que todos tenían permiso de residencia y de trabajo y ninguno estaba reclamado por la justicia.

El capitán de la compañía de Sueca, Antonio Benavente Pérez, ha detallado que el objetivo principal de estos dispositivos es evitar o esclarecer posibles delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, “de forma que los empleados explotados se vean protegidos por la Guardia Civil”. Benavente ha explicado que las personas más vulnerables son también “más susceptibles de caer en contratos precarios no acordes a la legislación y verse envueltas en unas condiciones de trabajo de esclavitud contrarias al Derecho en España”. El proceso de identificación de los trabajadores también permite conocer “como en cualquier otro servicio de calle” si alguno de ellos tiene alguna requisitoria judicial o señalamiento pendiente, aunque el capitán de Sueca ha incidido en que no es el objetivo principal.

El dispositivo sí tiene una segunda vertiente administrativa en la que interviene la Inspección de Trabajo, que participa en el mismo, para estudiar la situación de los trabajadores que identifica la Guardia Civil. “Somos un servicio público que buscamos garantizar que se cumplan los derechos de las personas trabajadoras, intentando localizar situaciones de fraude en la contratación, de economía sumergida y, en el caso de personas trabajadoras extranjeras, les pedimos la documentación para comprobar que la tienen en regla y poder garantizar que se cumplan sus derechos”, ha explicado la subinspectora Carolina Vizcaíno.

En este proceso, se comprueba si los trabajadores tienen permiso de residencia y trabajo y que se encuentran dados de alta en la Seguridad Social. En caso de que no estén, se tramita el alta. Vizcaíno ha confirmado que todos los “collidors” tenían ambos permisos y que, tras este trabajo de campo, el siguiente paso consiste en procesar la información y comprobar que estaban dados de alta y que perciben el salario que les corresponde. En el caso de que durante una inspección se detecte una infracción se levanta acta para imponer una sanción.

El encargado de cuadrillas en la cooperativa, Bernat Vidal, ha subrayado que la entidad es muy cuidadosa en que todo el personal esté en regla y dado de alta. “No nos podemos jugar el tipo”, ha comentado.

El capitán de la compañía de Sueca ha destacado el efecto disuasorio que tienen estos dispositivos al lanzar el mensaje ante otros posibles infractores que en cualquier momento se pueden encontrar con una inspección.

Cabe recordar que, este mismo mes de febrero, la Unidad Medioambiental de la Policía Local de Algemesí ha destapado una red de trabajadores extranjeros explotados y en situación irregular. 

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