Cullera sigue los pasos de Carlet y Carcaixent e impulsa una ordenanza "antiokupas"

El Ayuntamiento de Cullera ha iniciado la tramitación de una nueva ordenanza municipal destinada a regular la conservación y el mantenimiento de los inmuebles y a reforzar las medidas de prevención frente a la ocupación ilegal, al igual que han hecho en los últimos meses otras localidades de la Ribera, como Carlet o Carcaixent. La norma, que ya ha comenzado su fase de consulta pública, pretende ordenar las obligaciones de los propietarios y dotar al consistorio de herramientas más eficaces para actuar ante viviendas abandonadas o en mal estado.

El gobierno local considera que el incremento de inmuebles en desuso, especialmente aquellos propiedad de entidades jurídicas que no asumen sus responsabilidades, está generando problemas de insalubridad, deterioro urbano y conflictos vecinales en distintos puntos de la ciudad. La futura ordenanza de Cullera busca establecer un marco claro que permita prevenir estas situaciones y garantizar la convivencia, dentro de los límites competenciales de la administración local.

Entre las principales novedades, el consistorio prevé la creación de un registro municipal de propiedades abandonadas, que permitirá identificar y realizar un seguimiento de los inmuebles en riesgo. Este censo municipal facilitará la actuación administrativa y la adopción de medidas preventivas antes de que los edificios se conviertan en focos de degradación o en objetivos de ocupación ilegal.

Conservación

Además, la normativa contemplará la obligación de los propietarios de conservar adecuadamente sus bienes y actuar ante situaciones de abandono o insalubridad. También se pondrá el foco en edificaciones sin terminar o viviendas finalizadas pero desocupadas, que por su estado pueden generar riesgos de seguridad o facilitar accesos indebidos.

La concejala de Urbanismo, Débora Marí, ha señalado que el ayuntamiento ya viene actuando en esta línea mediante órdenes de ejecución, declaraciones de ruina e intervenciones urgentes. Solo en 2025, el departamento tramitó alrededor de 150 órdenes de ejecución, una decena de expedientes de ruina y unas 20 actuaciones urgentes en edificios de más de 50 años.

“La ordenanza permitirá recopilar, ordenar y reforzar todos estos mecanismos para actuar con mayor eficacia y prevenir problemas antes de que se produzcan”, ha explicado la edil, quien ha subrayado que el objetivo no es sancionar, sino garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad urbana.

Desalojos

Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacado que la intención es “disponer de un control y un registro que permita anticiparse a posibles situaciones de ocupación y evitar que se produzcan”. El primer edil ha insistido en que el consistorio actuará siempre dentro del marco legal y que cualquier desalojo requerirá la correspondiente autorización judicial.

La futura ordenanza también incorporará un servicio municipal de asesoramiento jurídico, atención y mediación, dirigido tanto a propietarios afectados como a personas en situación de vulnerabilidad, con la colaboración de los servicios sociales municipales. El objetivo es equilibrar la defensa del derecho a la propiedad con la protección de las personas en riesgo de exclusión social.

El texto continuará ahora su tramitación administrativa con un proceso de participación pública previo a su aprobación definitiva en el pleno municipal. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Cullera pretende reforzar la conservación del parque inmobiliario, mejorar la seguridad urbana y prevenir conflictos derivados del abandono de viviendas en el municipio.

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