Vecinos de El Romaní denuncian que llevan "un mes sin dormir" por los reductores de velocidad de la carretera

Vecinos de la pedanía de El Romaní, en el término municipal de Sollana, han denunciado las molestias que están sufriendo desde la instalación de bandas transversales de alerta en la antigua Nacional 332, actualmente CV-3320, tras las recientes obras de reasfaltado financiadas por la Diputació de València. Los trabajos comenzaron en diciembre y finalizaron en enero, pero la colocación posterior de estos elementos reductores de velocidad ha generado un creciente malestar entre los residentes más próximos a la vía.

Según explican los afectados, el paso continuo de vehículos provoca un impacto acústico y vibraciones que se transmiten directamente al interior de sus viviendas, especialmente durante la noche. “Llevamos un mes sin poder dormir en condiciones”, lamentan algunos vecinos, que aseguran que la situación está afectando seriamente a su descanso y calidad de vida.

Las bandas transversales de alerta tienen como finalidad reforzar el aviso a los conductores ante la proximidad de una intersección y la entrada al núcleo urbano, con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Sin embargo, los residentes consideran que su ubicación, muy próxima a las fachadas, está generando un problema que no se tuvo en cuenta durante la ejecución de las obras.

Ante esta situación, los vecinos han presentado varias instancias por registro de entrada en el ayuntamiento solicitando una solución urgente y han pedido reuniones con el alcalde sin haber obtenido, según denuncian, una respuesta directa hasta fechas recientes.

En un escrito remitido a los reclamantes con fecha 24 de febrero de 2026, el arquitecto municipal señala que, tras revisar el proyecto de ejecución, las Bandas Transversales de Alerta (BTA) “pretenden reforzar el aviso a los conductores de la proximidad de intersecciones tipo rotonda y entrada a travesías, según se expone en el proyecto”. Asimismo, el técnico municipal indica que, con el fin de recabar información técnica adecuada sobre las molestias denunciadas, se ha trasladado consulta al técnico proyectista y director de las obras, y que “del resultado de la consulta se remitirá comunicación a los reclamantes”.

Mientras tanto, los vecinos aseguran que la respuesta no resuelve el problema inmediato y reclaman medidas urgentes que permitan eliminar o reducir las molestias.

El conflicto ha adquirido también dimensión política. Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Sollana, el PSPV-PSOE y Podemos, han mantenido diversas reuniones con los residentes afectados para conocer de primera mano sus reivindicaciones y trasladar sus demandas al ámbito institucional. Ambas formaciones consideran necesario abrir un proceso de diálogo y evaluar alternativas técnicas que compatibilicen la seguridad vial con el bienestar vecinal.

Los afectados insisten en que no se oponen a las medidas de seguridad, pero consideran imprescindible que se adopten soluciones que eviten el impacto directo sobre las viviendas. “No pedimos privilegios, solo poder descansar”, señalan.

Por el momento, el asunto sigue pendiente de una resolución técnica y municipal que permita poner fin a una situación que, según los vecinos, se ha vuelto insostenible.

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