El gobierno de Sueca defiende la legalidad de la subida del IBI y pide a la jueza que aclare la sentencia que la anula

El gobierno de Sueca ha defendido la legalidad del incremento del 35% del IBI, una medida aprobada a finales de 2024 y que la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de València ha anulado, tal y como avanzó Levante-EMV en exclusiva. Asimismo, el ejecutivo reclamará a la jueza una aclaración de la sentencia, que condena al Ayuntamiento de Sueca a devolver a un contribuyente el aumento del impuesto y considera la ordenanza del IBI contraria a derecho por no haber aplicado previamente otras medidas correctoras para paliar el déficit financiero de la hacienda local.

La coalición de gobierno formada por Sueca x Davant, Compromís y la concejala del PP coincide en señalar, como ya hizo este periódico, que el alcance del fallo es muy limitado. “La sentencia afecta única y exclusivamente a las liquidaciones impugnadas por un particular, es decir, a las de la persona recurrente”, ha manifestado el ejecutivo. En caso de que la resolución fuera firme —todavía no lo es y el ayuntamiento puede recurrirla, aunque no ha confirmado si lo hará—, la jueza condena al consistorio, precisamente, a devolver el importe correspondiente a la subida del IBI al contribuyente que presentó el recurso. De hecho, se entendería que toda persona que no hubiese reclamado en los plazos establecidos presta, de forma implícita, su conformidad al trámite aprobado por el pleno.

Uno de los puntos en los que el gobierno municipal sí ha entrado a cuestionar la decisión judicial tiene que ver con la existencia, o no, de un informe técnico que justifique de forma adecuada la subida del IBI en Sueca. Los responsables del Ayuntamiento de Sueca han insistido en que “desde el primer momento, junto con la remisión del expediente, constaba el informe técnico que avalaba el nuevo tipo aplicable”.

Déficit

A lo largo de la sentencia, la magistrada menciona en diversas ocasiones esta cuestión. El ayuntamiento, durante la fase de resolución, se amparó en un informe del técnico de Catastro emitido el 29 de septiembre de 2024, que justificaba el incremento del tipo de gravamen para aumentar la recaudación y, con ello, paliar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la subida del IPC. Como también informó en su momento este periódico, se buscaba elevar la recaudación municipal en tres millones de euros tras cerrar el ejercicio 2024 con un déficit de 1,5 millones.

Sin embargo, la magistrada insiste a lo largo del texto en que no le consta ningún informe técnico que avale la subida del IBI, al menos en la proporción aplicada. A falta de la aclaración solicitada por el consistorio, el fallo sí destaca que la ordenanza que reguló el nuevo gravamen y la liquidación negativa del ejercicio anterior prácticamente coinciden en el tiempo.

Esta circunstancia lleva a la jueza a considerar que el consistorio no ha seguido los principios establecidos en el artículo 193 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). Este precepto regula lo que debe hacer un ayuntamiento cuando cierra el ejercicio con un remanente de tesorería negativo, y el orden legal es claro: primero se debe reducir el gasto; si esto no es posible, se debe acudir a la contratación de créditos; y, como última opción, aumentar los ingresos para que el presupuesto siguiente tenga superávit.

Contención de gasto

En paralelo, el gobierno municipal ha subrayado que la modificación “fue consecuencia directa de la gestión económica del Ayuntamiento de Sueca entre 2019 y 2024 -con la alcaldía en manos del PSOE-, que llevó a la desaparición de todos los ahorros sin adoptar ninguna medida de contención del gasto, pasando de los 6.100.000 euros de remanente de tesorería del año 2019 a los 400.000 euros negativos del año 2024”.

Del mismo modo, ha reclamado a la oposición “un ejercicio de responsabilidad y rigor”, atendiendo a que el consistorio “ha pasado y está pasando por el momento económico y financiero más delicado de los últimos años”.

La sentencia aún no es firme y el Ayuntamiento de Sueca puede apelar el fallo, por lo que será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el que deberá pronunciarse al respecto. Además, incluso si este confirmara el criterio de la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de València, cabría la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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