La Ribera registra una media anual de cien agresiones a personal sanitario y concentra dos de los centros de salud más conflictivos

Dos centros de salud de la Ribera están incluidos en la lista de centros de atención primaria de máximo riesgo, riesgo 3, al superar la veintena de agresiones en el período comprendido entre 2018 y 2022. Se trata del CSI Alzira II y el CS de l’Alcúdia. Son dos de los veinte que se engloban en este grado 3 en toda la Comunitat Valenciana. A ellos cabe sumar los centros de salud de Algemesí y de Carcaixent, que tienen riesgo 2, de acuerdo con el Mapa de Riesgo de Agresiones en el Entorno Sanitario y el Plan Integral de Prevención de las Agresiones en el Entorno Sanitario, realizados por el anterior gobierno de la Generalitat y publicado ayer por Levante-EMV. Los datos de agresiones no han hecho sino aumentar en los últimos años, han crecido un 33,25 % en el ámbito de la atención primaria entre 2023 y 2025 y un 23,38 % en el ámbito hospitalario. La jefa de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Salud de la Ribera, Carmen Martí, aseguraba recientemente en una entrevista en Alzira Ràdio que la comarca registra “una media de cien agresiones al año, tanto verbales como físicas”. No obstante, apostilla, “sabemos que son más; los profesionales son reacios muchas veces a declarar este tipo de acciones”.

La Ribera, en el cuarto puesto por agresiones

En el día europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios, Martí explicaba que la media de cien agresiones al año se mantiene desde hace varios ejercicios y que se refiere a los casos declarados, aunque “no es una cifra real”. El estudio de la Generalitat entre 2018 y 2022 cifra en 159 las agresiones registradas en el departamento de La Ribera, lo que lo sitúa en el cuarto puesto del ránking, por detrás de las áreas de salud del General de València (184), del Clínico-Malvarrosa (181) y del Arnau-Llíria (162), y por encima de La Fe (132). 

Creación de la plaza de jefe de seguridad en el hospital

La elevada conflictividad en algunos ambulatorios ha llevado al Departamento de Salud a anunciar en la última reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral que a partir del 1 de abril se dotará con vigilantes de seguridad los ambulatorios Alzira II, l’Alcúdia, Carlet, El Raval de Cullera, Carcaixent y Algemesí, según ha comunicado el sindicato CSIF, el de mayor representación en el comité de empresa de la Ribera, y que lleva más de tres años pidiendo vigilancia de seguridad para controlar las agresiones al personal sanitario. Hasta el momento, el único servicio que contaba con vigilancia era la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) de Alzira II, “desde hace unos meses”, puntualizan desde el CSIF, “ante la cascada constante de amenazas e insultos a profesionales”. Otra de las respuestas de la gerencia del departamento es la incorporación de un jefe de seguridad en el hospital, anuncian. 

Con el objetivo de prevenir agresiones y de actuar de forma rápida y concisa ante los ataques, el Departamento de Salud de la Ribera aplica desde hace varios años el procedimiento de gestión implantado por la Conselleria de Sanidad. Se trata de un protocolo de actuación que se aplica ante las agresiones “por parte de pacientes o familiares de pacientes al personal que trabaja en los centros de salud, en consultorios, en el propio hospital, sin importar la categoría profesional ni el puesto de trabajo que desempeñe”, explica la jefa de Prevención de Riesgos Laborales, Carmen Martí. Las intimidaciones a que se ven sometidos los trabajadores sanitarios son de diversos tipos: “Se entiende toda actitud de amenaza, ya sea abuso verbal o físico, pero también los comportamientos intimidatorios, ataques físicos, las coacciones, el ataque sexual -que también ocurre- que cometa cualquier paciente o usuarios, sus familiares o acompañantes, contra cualquier trabajador del entorno sanitario. Da igual que ocurran dentro del trabajo o fuera de él, en el horario habitual o fuera de él, que por desgracia también ocurre. También se incluyen insultos, vejaciones, descalificaciones graves que tengan por objeto desacreditar públicamente a un profesional, también en las redes sociales”, explica. 

El protocolo prevé la actuación rápida desde el Departamento de Salud y el acompañamiento del profesional afectado, se paraliza la actividad y si fuera necesario, se le proporciona asistencia sanitaria: “Muchas veces es causa de baja”, indica. Existe “un circuito perfectamente establecido”. La víctima cuenta con asistencia y defensa jurídica. Y una de las medidas previstas es la suspensión de la continuidad asistencial, es decir, “no volver a ver a ese paciente o familiar”. En el caso de denuncia, “estos hechos son clasificados como delito público” ya que el personal sanitario es autoridad pública.

"La crispación sirve para bien poco"

El plan dedica especial atención a la prevención: “La violencia en el trabajo no es un problema individual, es estructural, está relacionada con factores sociales, económicos, organizativos e incluso culturales. Es un problema social: la sociedad es cada vez más agresiva no sólo en el entorno sanitario, también en el educativo, en la parada del autobús, al ir a hacer la compra…”. Por eso cree que hay que incidir en formar a niños y jóvenes en el respeto y dar ejemplo: “La crispación sirve para bien poco. Los profesionales sanitarios trabajamos para cuidar a los usuarios. Hay que tener calma, paciencia, no hay que perder las formas”. 

De momento, el anuncio de la dotación de vigilantes de seguridad en los centros más conflictivos cumple con una de las medidas establecidas en el Mapa de Riesgos, que prevé una serie de recomendaciones de carácter general de acuerdo con los niveles de riesgo que se den en cada lugar. Reforzar la seguridad es la principal, a continuación se aconseja revisar las evaluaciones de agresiones y medidas preventivas, así como reformar las actividades formativas e informativas. Otra de las vías es el endurecimiento de las sanciones. En la actualidad, la vía judicial contempla multas de hasta 60.000 euros.

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