CC.OO. pide al gobierno de Alzira que garantice condiciones dignas y estabilidad en las 'escoletes' municipales

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CC. OO.) del Ayuntamiento de Alzira ha respondido a la moción de apoyo a la educación pública aprobada recientemente en el pleno del Ayuntamiento de Alzira, impulsada por el equipo de gobierno de la localidad. En un comunicado, CC. OO. agradece el apoyo público a las reivindicaciones en defensa de la educación pública, pero considera que “resulta fundamental aportar una visión complementaria basada en la realidad de las Escuelas Infantiles Municipales”. Es incuestionable la importancia de reclamar una educación de calidad con recursos suficientes y condiciones laborales dignas, no obstante “sorprende que este discurso no vaya acompañado de una revisión profunda de la situación del personal que depende directamente de la Concejalía de Educación. Estos trabajadores se rigen por el convenio de centros de asistencia y educación infantil y mantienen desde el año 2004 la condición de fijos-discontinuos debido a un antiguo proceso de subrogación”, indican.

A pesar de que en 2019 este personal pasó a formar parte plenamente de la estructura municipal, describen desde la sección sindical, “su situación laboral no ha experimentado cambios sustanciales, dándose la paradoja de que continúan sujetos a un régimen que no se equipara al del resto de la plantilla del ayuntamiento”. Reconocen que se ha producido “un incremento salarial algo superior al que marca el convenio”, pero para el sindicato “este avance resulta claramente insuficiente para hablar de una dignificación real del sector”. Por ello, el sindicato considera legítimo cuestionar si las reivindicaciones expresadas públicamente “se están aplicando con la misma determinación en los ámbitos que dependen de la gestión directa municipal”.

“Defender la educación pública implica necesariamente revisar las propias competencias y garantizar que el personal que sostiene una etapa tan fundamental como la educación infantil disponga de condiciones justas, estables y coherentes con su papel en el sistema educativo”, declaran. En última instancia, consideran que “la mejora de la educación no debe limitarse a declaraciones o apoyos simbólicos, sino que ha de traducirse en medidas concretas y efectivas allí donde existe capacidad de actuación, ya que la coherencia entre el discurso y la práctica es, ante todo, una cuestión de responsabilidad pública”.

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