Dimite el concejal de Vox en Montserrat denunciado por malos tratos

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Montserrat Carlos Martínez Salvador ha formalizado pasadas las 14 horas de este jueves su renuncia al escaño tras la denuncia por un presunto caso de malos tratos interpuesta el pasado domingo por su pareja ante la Guardia Civil, que provocó que la jueza de guardia del Tribunal de Instancia de Picassent (plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción) dictara una orden de alejamiento, como informó en primicia Levante-EMV. La dimisión de Martínez la ha anunciado este jueves a primera hora de la mañana la formación de extrema derecha en un comunicado, aunque no se ha materializado hasta varias horas después.

Vox expone que la decisión de Martínez de entregar el acta de concejal acta "tras los hechos conocidos en las últimas horas y en el marco del procedimiento judicial abierto" responde a la voluntad de no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal, “anteponiendo la responsabilidad institucional y el interés general”.

Carlos Martínez, que ha declinado este jueves realizar cualquier declaración sobre la denuncia, sí ha defendido su inocencia a través de ese mismo comunicado emitido por el partido, “su respeto absoluto por el proceso judicial y su intención de colaborar plenamente con la justicia para el esclarecimiento de lo ocurrido”.

La titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Picassent dictó el lunes una orden de alejamiento por la que impide a Carlos Martínez Salvador acercarse a menos de 300 metros de su pareja sentimental o comunicarse con ella tras la denuncia que esta interpuso el domingo ante la Guardia Civil y que ratificó en sede judicial el día siguiente. Fuentes del TSJ han confirmado que la juez que se encontraba de guardia recibió una denuncia por un delito de malos tratos y otro de injurias en el ámbito de la violencia de género, y acordó esta medida cautelar contra el denunciado. Este juzgado tramitó las diligencias previas del procedimiento antes de inhibirse en favor del órgano judicial competente en la causa, en este caso, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Torrent.

La magistrada que ha dictado la orden de protección considera que las situaciones que expone la denunciante podrían ser constitutivas de un delito de malos tratos e injurias en el ámbito de la violencia de género, a la espera de la calificación que se realice en el momento procesal oportuno. La magistrada entiende que existe un riesgo objetivo para la integridad de la denunciante en base a los hechos que han provocado la denuncia.