La hostelería de Cullera redobla la presión contra los “clubes sociales” que ejercen una competencia desleal

La Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Cullera y la Ribera Baixa vuelve a la carga contra los denominados “clubes sociales” que, según denuncia el sector, "operan como bares encubiertos sin licencia". La ofensiva se produce, después de la campaña realizada en Semana Santa, en un momento clave, a las puertas del puente del 1 de mayo y con el arranque inminente de la temporada turística, cuando la actividad hostelera se intensifica en la localidad.

La patronal ha reactivado el envío de comunicaciones a administradores de fincas para recordarles su responsabilidad ante posibles irregularidades detectadas en comunidades que gestionan. En estas cartas, la asociación insiste en que algunos de estos locales estarían ofreciendo servicios de restauración al público en general, pese a carecer —presuntamente— de la correspondiente autorización administrativa.

El colectivo subraya que "los clubes sociales, por su propia naturaleza jurídica, son entidades privadas limitadas a sus socios y no pueden desarrollar una actividad abierta al público ni equiparable a la de bares o restaurantes". Por ello, advierten de que "estas prácticas podrían vulnerar tanto la legislación autonómica en materia de espectáculos públicos como la normativa municipal de Cullera y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias".

Desde la asociación se hace hincapié “en el perjuicio que esta situación genera para los establecimientos que sí cumplen con la legalidad, al tiempo que alertan de posibles riesgos en materia de seguridad y salud pública, además de incumplimientos fiscales, laborales y tributarios".

La comunicación, firmada por el presidente de la asociación, Vicente Nacher, insta a los administradores "a comprobar los hechos y a requerir el cese inmediato de estas actividades, trasladando la advertencia tanto a las juntas de propietarios como a los responsables de los locales".

Asimismo, la patronal amplía el plazo a 30 días naturales para obtener respuesta o constatar la regularización de la situación. De no producirse cambios, anuncian que pondrán los hechos en conocimiento del Ayuntamiento de Cullera para que active labores de inspección y depuración de responsabilidades, sin descartar también dar traslado a las autoridades laborales y fiscales.

Con esta nueva ofensiva, el sector hostelero pretende frenar la proliferación de actividades irregulares en un periodo especialmente sensible para la economía local, en el que se juega buena parte de la facturación anual de bares y restaurantes.

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