Los primeros vecinos de La Besana de l'Énova compraron sus casas hace 20 años "como si la urbanización ya estuviera acabada"

Francisco Garrigues adquirió en el año 2010 como primera vivienda una casa en la urbanización La Besana de l’Énova directamente al promotor de la obra. “En la escritura aparecía que contaba con todos los servicios”, asegura. Y, cuando llegó a su casa, dió al interruptor y no tenía luz. Hoy, dieciséis años después de la compra, sigue sin tener suministro eléctrico. El transformador eléctrico que debe dar luz a la zona residencial está instalado desde 2005 pero aún no cuenta con la autorización de la Conselleria de Medio Ambiente para ponerlo en marcha, como ha informado Levante-EMV. Como el resto de los vecinos de esta zona residencial, Garrigues acabó por instalar paneles solares en su tejado para poder contar con energía, pero se queja del “abandono” y está “indignado” por la dejadez de los promotores y del Ayuntamiento de l’Énova.

Garrigues, natural del vecino pueblo de Manuel, ha sido el único propietario de La Besana que ha litigado contra el ayuntamiento por considerarlo responsable de promover la finalización de las obras tras la caducidad de las adjudicaciones realizadas a los dos agentes urbanizadores, según recoge la normativa urbanística. A lo largo de sus casi veinte años como propietario ha reclamado en numerosas ocasiones la finalización de las obras adjudicadas primero a Urbanizadora Valle de Aguas Vivas, SL, con un plazo de ejecución de 36 meses a partir del 30 de noviembre de 2005, y después a Omicron SA, el 16 de julio de 2013, con un plazo de once meses, por el incumplimiento de su cometido y la caducidad de las adjudicaciones, ya que la urbanización, veintiún años después de la contrata, sigue incompleta. También ha acudido en reiteradas ocasiones al consistorio, siendo alcalde Paco Ordiñana y, más tarde, con el actual munícipe, Tomás Giner, contra quien presentó una reclamación ante el Síndic de Greuges por “la indefensión y perjuicios causados a los vecinos de La Besana por la actuación seguida” en el desarrollo de la zona residencial por parte del Ayuntamiento de l’Énova.

Además de la larga demora, Garrigues también pone de manifiesto que la escritura de su vivienda incluía una cláusula en la que se decía que la urbanización contaba con todos los servicios, “como si todo estuviera operativo”, en virtud de una certificación final realizada por el ayuntamiento “que es falsa”, denuncia. Cuestiona también la ejecución del Plan Parcial aprobado para esta urbanización, que preveía 54 parcelas para viviendas y “alrededor de 4.000 metros cuadrados de zonas verdes y equipamientos que no existen”. En la actualidad, La Besana dispone de 82 parcelas, de las cuales cincuenta están ocupadas por residentes y otras 16 están construidas y en venta, como ha publicado este periódico. Según el Plan Parcial del Sector Urb-1 La Besana, la zona debería contar con equipamientos para instalar comercios o un dispensario que no se han ejecutado, describe el vecino. “Dentro de la urbanización estaba previsto construir 54 casas, pero se han construído entre veinte y treinta más en zonas verdes y suelo dotacional. Hay casas que están construidas en zonas verdes, en el ayuntamiento nos dicen que para qué queremos zonas verdes si tenemos jardines, pero es que estaban incluídas en el proyecto inicial”, comenta. 

"IBI desorbitado"

Otro de los pleitos que ha liderado Francisco Garrigues ha sido la aplicación de un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) desorbitado para los residentes teniendo en cuenta la falta de servicios básicos. “Pagamos como ricos y vivimos como perros”, dice. La reclamación ante el Catastro surtió efecto y consiguió que rebajaran la tarifa de 1.200 euros a 800 euros durante un periodo de varios años, en el que la oficina estatal calculaba que ya estarían concluidas las obras. Una rebaja “que benefició a todos los vecinos”, reconoce. Sin embargo, pasado ese plazo, la urbanización sigue sin concluir y la tasa del IBI ha vuelto al coste anterior. “Tenemos el IBI al máximo y ni vienen a traernos el correo, ni a limpiar las calles ni nada”, se queja. “No han puesto ni una piedra en siete años”, lamenta.

Junto a Garrigues, otros varios vecinos han alzado su voz estos últimos días para quejarse del estado de abandono de esta zona residencial, como ha recogido este periódico, con una ubicación privilegiada en lo alto del Port del Sapo, donde compraron su casa en busca de una zona tranquila y cerca de la naturaleza, pero que acumula dilaciones, paralizaciones e irregularidades que lastran su finalización. Esto mantiene en condiciones “inhumanas”, según definió José Román, a una cincuentena de familias que dependen en su día a día de la presencia del sol para poder tener luz y calefacción en casa y que deben restringir el uso de la electricidad en invierno cuando las horas de luz solar escasean, cuando los niños y jóvenes deben volver a casa con linternas y móviles encendidos tras el colegio o las extraescolares, y vecinos que carecen de los servicios básicos que, no obstante, sí se incluían en los documentos para la compra de las viviendas. Todos ellos ansían que la Conselleria de Medio Ambiente autorice la puesta en funcionamiento del transformador de la urbanización y que el ayuntamiento pueda así recepcionar la obra y dar por concluído el programa urbanístico, momento a partir del cual los vecinos podrán contar con todos los servicios básicos municipales.

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