La nueva banda de Sollana pide amparo a Cultura por el "bloqueo" a su entrada en la federación

La disputa entre la Societat Musical La Unió Santa Cecília de Sollana y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana ha salido a la luz pública después de que la entidad de la Ribera Baixa denunciara un supuesto “bloqueo arbitrario” que, según asegura, le impide desde hace un año formalizar su incorporación a la organización y acceder a ayudas públicas, programas formativos y beneficios fiscales.

La sociedad musical, fundada en diciembre de 2022 -en Sollana hay otra banda que sí está federada-, sostiene que presentó su primera solicitud de alta en mayo de 2025 cumpliendo todos los requisitos exigidos por los estatutos vigentes. Sin embargo, afirma que la federación decidió paralizar su expediente alegando una reforma estatutaria aún no aprobada en aquel momento.

Desde La Unió Santa Cecília consideran que esta decisión vulnera el principio de legalidad. “Nos están obligando a esperar a unos estatutos que ni siquiera estaban aprobados cuando registramos nuestra solicitud”, denuncian desde la entidad, que asegura contar con respaldo jurídico para sostener esta interpretación.

La sociedad de Sollana, que cuenta actualmente con 250 socios, una escuela de música con más de cien alumnos y tres formaciones estables —banda sinfónica, orquesta de cámara y coral—, sostiene además que esta situación le ha provocado perjuicios económicos al quedar fuera de subvenciones de la Generalitat Valenciana y de la Diputación de València, además de impedir a sus socios acceder a determinadas deducciones fiscales.

“Más de 200 familias han perdido beneficios fiscales legítimos por una decisión que consideramos injustificada”, lamentan.

La federación rechaza las acusaciones

Tras la publicación de estas denuncias, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana ha respondido negando de forma “rotunda” cualquier actuación arbitraria o discriminatoria. La entidad asegura que la decisión de suspender nuevas incorporaciones fue adoptada “de forma unánime, prudente y jurídicamente motivada” por el Consejo Intercomarcal el 10 de mayo de 2025, y que afectó “por igual a todas las nuevas solicitudes de alta” mientras se desarrollaba una reforma estatutaria “de especial relevancia para el conjunto federativo”.

La FSMCV explica que dicha reforma, aprobada por su asamblea general extraordinaria el pasado febrero con un respaldo de entre el 75% y el 90% de los votos emitidos, modifica, entre otros aspectos, el régimen de admisión de nuevas sociedades musicales. El texto, añade, está actualmente pendiente de inscripción en el Registro de Asociaciones.

“Hasta que esa inscripción no se produzca, la federación debe actuar con prudencia para garantizar la seguridad jurídica de todas las partes”, sostiene la FSMCV, que insiste en que no existe una negativa a admitir a la sociedad de Sollana, sino una “suspensión temporal de la tramitación”.

“No existe derecho automático a federarse”

La organización también recuerda que la presentación de una solicitud no implica una incorporación automática.

Según detalla, cada expediente debe pasar un proceso de revisión en el que se analiza documentación, actividad musical efectiva, estructura asociativa, existencia de escuela o agrupación, composición de los músicos y otros requisitos federativos antes de que el órgano competente adopte una resolución.

Por ello, subraya que “no puede darse por adquirido un derecho automático a estar federado desde la mera presentación de una solicitud”.

Un debate que va más allá de Sollana

El conflicto se produce en un contexto de creciente debate interno dentro del movimiento bandístico valenciano. En los últimos meses ha surgido la plataforma fed26.org, impulsada por sociedades musicales críticas con la actual dirección de la FSMCV y con la reciente reforma estatutaria.

No obstante, la federación rechaza que exista una crisis interna generalizada y recuerda que los cambios fueron aprobados por una “amplísima mayoría” de las cerca de 550 sociedades musicales que integran la organización.

Mientras tanto, la Societat Musical La Unió Santa Cecília ha trasladado el caso a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, a la que pide su intervención para garantizar “los principios de legalidad, igualdad y buena administración”.

El conflicto, lejos de cerrarse, abre ahora un nuevo capítulo en el ámbito administrativo y podría acabar dirimiéndose por la vía jurídica.

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