El gobierno de Sueca recurre ante el TSJ la sentencia que anuló la subida del 35 % del IBI

La magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 3 de València ha contestado al requerimiento realizado por el Ayuntamiento de Sueca solicitando una aclaración de la sentencia que anula la subida del 35 % aplicada en 2025 en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que no tiene nada que aclarar ni tiene por qué complementar la resolución dictada y el tripartito que gobierna el consistorio (SxD, Compromís y PP) ha optado por recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para intentar anular la resolución que dio la razón a un contribuyente que impugnó las liquidaciones que le había girado la administración local. El gobierno municipal había condicionado la formalización de este recurso a la respuesta que diera el juzgado, como expuso la concejal de Hacienda, Noelia Benedito (SxD) en le pleno de marzo, y finalmente lo ha acabado presentando.

Si bien el fallo tiene un alcance limitado a la persona que recurrió a la vía judicial y al aumento aplicado, la resolución generó una gran contestación contra el equipo de gobierno. Si la aprobación de la subida del IBI ya provocó una movilización ciudadana, algunos vecinos, y grupos de la oposición en el ayuntamiento, llegaron a reclamar tras conocer la sentencia que se devolviera a todos los contribuyentes. El gobierno municipal siempre ha defendido que el incremento del IBI es producto de la necesidad de aumentar la recaudación tras cerrar el ejercicio 2024 con un déficit de 1,5 millones, del que responsabiliza al gobierno liderado por el PSPV al que arrebató la alcaldía en agosto de 2024 mediante una moción de censura.

El recurso municipal, que solicita que se anule la sentencia y se confirme la validez de la modificación de la ordenanza fiscal que reguló la polémica subida, defiende que la resolución parte de un error grave al considerar que no se solicitó un informe técnico que justifique la medida, cuando el tripartito siempre ha defendido que sí existe, mientras que, por otra parte, considera que el juez se excede en sus competencias, se inmiscuye en una decisión política que corresponde al gobierno cuando la justicia solo debe controlar si se cumple la ley y no si la medida es “oportuna”.

El recurso formalizado semanas atrás por el ayuntamiento, que ha cambiado de abogado, también considera en sus alegaciones que la sentencia que anula la subida del IBI le genera indefensión y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva al basarse, según el equipo de gobierno, en premisas que consideran falsas como la supuesta fata de informes.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º de València que anuló la modificación de la ordenanza municipal por la que se aprobó una subida del 35 % en el IBI alegaba que el ayuntamiento debía haber aplicado antes otras medidas correctora para paliar el déficit financiero de la hacienda local.

El abogado que representó al vecino que interpuso el recurso, Francisco Serantes, ha explicado que ha comparecido en el ayuntamiento para oponerse a este recurso del ayuntamiento. Alega una causa de inadmisibilidad.

Suscríbete para seguir leyendo